Catedráticos de Derecho Constitucional avalan el Estatuto, pero dudan del "blindaje" competencial

Catedráticos y profesores de Derecho Constitucional de las universidades andaluzas se reunieron ayer en Jaén para analizar la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que avalaron en líneas generales aunque advirtieron de la necesidad de mejoras en la ponencia del Congreso, en especial aspectos de "dudosa constitucionalidad" como el "blindaje" de competencias o la "controvertida" gestión del Guadalquivir. Los juristas creen que el texto será un "modelo" para futuras reformas estatutarias de otras autonomías y vaticinan que su techo competencial conduce "inevitablemente" a un Estado federal simétrico.

El seminario organizado por el área de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén contó con tres mesas redondas en las que se analizaron los derechos y principios en el nuevo Estatuto, su sistema de competencias y su organización institucional. El coordinador del mismo, el catedrático de la Universidad jiennense Gerardo Ruiz-Rico, resumió al final del encuentro que el sentir generalizado es de avalar la propuesta de reforma del Estatuto aunque consideran que "debe ser mejorable" durante su tramitación en la Comisión Constitucional del Congreso.

Ruiz-Rico se refirió especialmente a temas de "dudosa constitucionalidad", como el precisar con detalle, en el título II de la Proposición de reforma, las competencias exclusivas de la comunidad autónoma. Se trata de algo que califican como una forma de "blindaje" con el fin de que "el legislador estatal no puede invadir sus competencias". Los profesores recordaron en ese sentido que la Constitución y la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional "está por encima del propio Estatuto".

Otro tema que tildaron como "controvertido" es el de la transferencia de la Cuenca del Guadalquivir a Andalucía, que consideran que podría dar lugar a alguna impugnación en el TC. Ruiz-Rico señaló que "a nivel constitucional parece bastante claro, pero a nivel legislativo, por la Ley de Aguas, no está del todo definido y caben distintas posibilidades de interpretación", por lo que, según dijo, cabe la posibilidad de replantear esta competencia en base al principio de la cooperación entre Estado y la comunidad autónoma. También piden que las dos reseñas a esa competencia, el artículo 50 y la Disposición Adicional Cuarta, deben ser mejorados para una mejor interpretación.

Los catedráticos valoraron la reforma estatutaria andaluza y apenas mostraron especial preocupación por el término realidad nacional, que calificaron como algo "simbólico". Gregorio Cámara, catedrático de la Universidad de Granada, auguró que el texto andaluz "va a ser un modelo estructural" para próximas reformas, y añadió que, en líneas generales, su contenido "no supera la línea roja" sobre el techo competencial que corresponde a las comunidades autónomas. Gerardo Ruiz-Rico fue incluso más lejos al afirmar que la apuesta del Parlamento andaluz por un Estatuto de máximos desde el punto de vista competencial "probablemente sirva para que otras comunidades apoyen un Estatuto con el máximo nivel de autogobierno" un aspecto, subrayó, que "nos conducirá inevitablemente a un Estado federal simétrico".