El Ejecutivo canario pide el fin de las agresiones verbales a menores extranjeros

El Gobierno de Canarias hizo ayer, a través de varios portavoces, un llamamiento urgente a la calma, ante las expresiones xenófobas y agresiones verbales sufridas por un grupo de 32 menores extranjeros no acompañados de Senegal y Malí, de edades entre 13 y 16 años, en el momento de ingresar en un campamento provisional de Cruz Roja en el municipio de Garachico (noroeste de Tenerife). "Con independencia de la alta densidad de menores que tenemos", hasta ayer 362, "los niños no tienen que soportar acciones inhumanas y no es ni bueno ni deseable que sean recibidos de esa manera", manifestó un portavoz autorizado del Gobierno nacionalista.

Los 32 menores llegaron en un autobús hasta la misma puerta del campamento, en medio de gritos exaltados de los vecinos del barrio de La Montañeta. "Los encontré muy asustados, tristes, desorientados y apenas me dirigieron la palabra", reconocía el alcalde, Ramón Miranda (de Coalición Canaria) tras la visita que les hizo al campamento. Miranda asegura haber acudido para "darles la bienvenida" y comprometerse ante ellos a cambiar la opinión de sus vecinos, que calificó como "irresponsable y de vergüenza".

La llegada de varios cayucos con más de medio centenar de menores no acompañados en los últimos días ha sobrepasado la capacidad de respuesta del Gobierno de Canarias. "En Andalucía hay registrados 595 menores extranjeros para una comunidad de ocho millones de personas; nosotros, con dos millones, ya tenemos 362 menores extranjeros para una superficie que es la de una provincia andaluza", informó un portavoz del Ejecutivo autónomo, que, ante la dimensión del fenómeno, reclama la derivación de menores a la Península, como ya se hace con los adultos.

Rechazo por unanimidad

La Dirección General de Protección al Menor y la Familia decidió el viernes ubicar temporalmente a 32 de estos niños a 1.000 metros de altitud, en un campamento de Cruz Roja aislado en el monte de Arenas Negras, rodeado de pinos. A unos metros de distancia se encuentra el barrio de La Montañeta, donde viven unos 200 vecinos, la mayoría mayores de 50 años, y con una población escolar de seis niños. La asamblea organizada el lunes rechazó por unanimidad acoger a los menores.

El alcalde asegura que discrepa de esta decisión, pero ha estado al frente de manifestaciones que rechazaban la llegada de los niños, hasta ayer, cuando los gritos de sus vecinos desbordaron sus previsiones. "Un alcalde tiene que estar al lado del pueblo que lo votó, incluso si éste está equivocado", defiende Miranda.