Nadie concretó las sanciones

Después de las discusiones en el Senado, la inversión en sellos quedó sin un sistema concreto de protección, como se ha demostrado por los hechos. El problema es que después de la disposición adicional cuarta, que pertenecía a la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, nadie ha dado un paso más, justo el necesario para concretar los organismos de control y las sanciones que podría imponérseles a las empresas que demostraran insolvencia financiera.

Lo que deja más claro la disposición adicional es quién no tiene jurisdicción sobre estas empresas, que son el Banco de España, la Comisión del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros.

Pero entonces, ¿quién las debe controlar? Eso debería aparecer en un reglamento posterior que nunca se ha redactado. Sin embargo, sí hay un reglamento para el resto de empresas que estaban incluidas en esa Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. ¿Por qué quedaron fuera las empresas que invierten en sellos? Aquí las versiones son diferentes. Según el Ministerio de Sanidad y Consumo, que coincide con Economía, "son las comunidades autónomas las que debían haber elaborado un reglamento que desarrollara la disposición adicional porque son ellas las que tienen transferidas las competencias. Las instituciones financieras son competencia estatal y por eso están incluidas en el reglamento".

Sin embargo, algunas comunidades autónomas, como la de Madrid (sede de Afinsa y Fórum) aseguran que era obligación del Ministerio desarrollar el reglamento y que incluso lo reconoce en una frase ambigua del reglamento, versión que desmiente Economía.