El Gobierno dará apoyo financiero a los más perjudicados por la estafa

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Ejecutivo tomará medidas financieras de apoyo para los ciudadanos cuyas economías hayan quedado más resentidas por la presunta estafa de las sociedades de inversión en sellos Fórum Filatélico y Afinsa. La vicepresidenta primera precisó, tras el Consejo de Ministros, que "el Gobierno va a ser sensible, estudiando la posibilidad de adoptar medidas de apoyo para aquellas economías más precarias que se resientan en el transcurso del tiempo que se prolongue el proceso judicial".

La precisión de la vicepresidenta fue un desmentido al portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, que, a primera hora de la mañana, anunció que el Gobierno iba a crear un fondo para responder a los estafados.

Fernández de la Vega aclaró que la prioridad del Gobierno es conocer qué personas han sido afectadas por la presunta estafa y cuál es el alcance de la misma para darles apoyo. Paralelamente, informó de que lo deseable es que en el proceso judicial se determinen los activos de las empresas intervenidas, mobiliarios e inmobiliarios, así como los seguros suscritos, para que con ellos se pueda hacer frente a los compromisos asumidos con los clientes.

También confirmó que el Gobierno estudiará, con los Ejecutivos autónomos y con los grupos parlamentarios, modificaciones legales para aumentar "la seguridad y la transparencia" en este tipo de inversiones por parte de los ciudadanos, "con mayores garantías que hasta ahora". Admitió, en este sentido, que la reforma legislativa de 2003, reguladora de estos productos, había sido insuficiente.

La vicepresidenta anunció, asimismo, que el Gobierno se dirigirá a la Audiencia Nacional para que se cree una ventanilla única de información sobre la tramitación judicial de este caso, tanto para los afectados como para las organizaciones de consumidores. También anunció que el Ejecutivo aportará los recursos necesarios a las organizaciones de consumidores para que puedan atender el asesoramiento y la defensa jurídica de los clientes afectados de manera "gratuita".