Macho deberá aclarar al Parlamento las dificultades para evaluar al Gobierno

La presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Asunción Macho, elegida para el cargo de consejera del mismo por el PNV, tendrá que volver a elaborar un informe para el Parlamento sobre las dificultades que encuentra ese órgano al evaluar la eficacia y la eficiencia de la acción del Gobierno. Macho deberá comparecer de nuevo en la Cámara si los grupos mantienen el sentido de su voto del anterior emplazamiento, al haber dado por buena la Mesa una nueva petición en ese sentido del PSE, pese al intento del PNV por impedirlo. Sería el segundo varapalo en poco tiempo, después de que la Cámara enmendase el viernes su decisión de no fiscalizar los gastos del plan Ibarretxe.

El contencioso que enfrenta al PSE con la presidenta del Tribunal de Cuentas se arrastra desde hace al menos medio año en lo que a las dificultades del principal órgano auditor de la comunidad autónoma para evaluar la eficacia y eficiencia de la acción del Gobierno se refiere.Fue el propio tribunal el que se refirió a la existencia de "carencias" que no le permiten ejecutar bien esta labor, pero cuando su presidenta, Asunción Macho, fue requerida para detallarlas ante la Cámara no lo hizo.

El PSE insiste ahora en conocerlas para, en caso de que se deba a una cuestión de medios materiales o humanos, poder subsanarlas. Sin embargo, los socialistas sospechan que ésa no es la causa, sino que más bien derivan del modo de actuar del Ejecutivo, que, al no incluir en distintos planes indicadores de sus objetivos, imposibilita su comparación con los resultados obtenidos y hace inviable el análisis.

Para intentar aclararlo, y porque creen que la presidenta del tribunal esquivó responder a las preguntas que se le planteaban, tanto en un informe escrito remitido a la Cámara como en su posterior comparecencia en marzo pasado, los socialistas han reiterado, sin mover una coma, una propuesta ya aprobada en noviembre.

Decisión de la Mesa

La Mesa, órgano de gobierno de la Cámara, le dio curso y el asunto deberá verse de nuevo en pleno, pese al intento del PNV por evitar la nueva comparecencia de Macho. El peneuvista José Antonio Rubalkaba intentó que la Mesa diese marcha atrás en su decisión de dar trámite a la iniciativa y la desechara por "reiterativa" y cumplida.

La Mesa rechazó en su reunión de la semana pasada esta pretensión, con lo que la iniciativa socialista sigue adelante.

Si finalmente los grupos mantienen su voto del pleno y Macho tiene que volver a realizar un nuevo informe y a comparecer para defenderlo, será la segunda desautorización que sufra en poco tiempo. La otra se produjo en el pleno del asado viernes, cuando la Cámara le obligó a fiscalizar el gasto y la legalidad del plan Ibarretxe, uno de los asuntos encomendados por la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos que el tribunal decidió luego no abordar.

El órgano auditor ha estado normalmente a salvo de cuestionamiento político, pero se está convirtiendo en los últimos tiempos en objeto de controversia. Socialistas y populares sostienen que es el Parlamento el que fija su programa de trabajo, a lo que Macho replica que los grupos han multiplicado la carga de asuntos, mientras la plantilla es la misma y la jornada se ha reducido. Sin embargo, no pidió más medios y, cuando lo ha considerado conveniente, ha encargado a empresas externas determinados trabajos, le rebatió la socialista Joana Madrigal, autora de la anterior y de la nueva petición.

Madrigal sostuvo el viernes que el tribunal no tiene capacidad para enmendarle la plana al Parlamento decidiendo qué fiscaliza y qué no y en qué períodos de tiempo, porque "no es un poder político en sí mismo" sino un instrumento especializado "que no puede hacer lo que quiere". La parlamentaria del PP Idoia Martínez ironizó con la "casualidad" de que los asuntos eliminados sean "los más incómodos" para el Ejecutivo.

El PNV contraatacó con la amenaza de llamar también a la Cámara al anterior presidente del tribunal, Rafael Iturriaga, propuesto por los socialistas, y sostuvo, como EA, que el órgano auditor sí tiene facultades para decidir su trabajo.