Seis meses para un acuerdo

En una carta remitida el martes al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y al ministro de Hidrocarburos del país andino, Repsol YPF dejó claro que está dispuesta a hacer valer todos sus derechos. En concreto, la petrolera hispano-argentina se refirió al Acuerdo para la Promoción Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Bolivia, firmado en octubre de 2001 y en vigor desde julio del año siguiente. En el mismo, se estipula que las inversiones en uno u otro país "no serán sometidas a nacionalización, expropiación [...] excepto por razones de utilidad pública [...] y acompañada del pago de una indemnización [...]". El acuerdo prevé, en disputas entre empresas y gobiernos, un plazo de seis meses para la resolución amistosa. Si no, se dirimirá en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), instancia de conciliación que pertenece al Banco Mundial. Éste podría dictaminar el pago de la citada compensación, equivalente al valor de lo expropiado. Ese importe sería exorbitante para los bolivianos, dados los actuales precios del petróleo. Por eso, en círculos diplomáticos se apuesta por una salida negociada, en condiciones aceptables para la petrolera.