Los acusados del 'caso del amianto' piden que se anule parte del sumario

La defensa de los cuatro imputados por el caso del amianto [muerte de ocho operarios y 29 afectados por inhalación de polvo de amianto en la extinta factoría de Fibrocementos de Levante, en Sant Vicent del Raspeig] reclamaron ayer a la sala que juzga la causa la prescripción parcial de los hechos [prescripción total para uno de los procesados] y la nulidad del escrito de acusación del fiscal.

En la vista preliminar del juicio, los letrados se acogieron a un escrito del ministerio público, elaborado el 26 de mayo de 2001, en el que consideró prescritos los hechos ocurridos con anterioridad al ocho de mayo de 1993. Según alega la defensa, quince de los operarios afectados cesaron su actividad con anterioridad a la fecha establecida por el fiscal.

Los médicos de la empresa Alberto Clemente Regidor y Miguel Ángel Sarabia Romero se enfrentan a tres años de prisión por ocho delitos de homicidio por imprudencia y 29 lesiones. El fiscal basa el grueso de su acusación en que no se realizaron los preceptivos reconocimientos médicos o, en su defecto, que éstos se efectuaron de manera negligente y, además, se ocultó información a los operarios. Para los otros dos acusados [Pérez Domene y Blay Ferrando, ambos jefes de personal de la fábrica], la inhabilitación. Además, pide una indemnización para las viudas de 240.405 euros, la misma cantidad para los lesionados muy graves.

A instancias de la acusación, el magistrado, el titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Alicante, Santiago Hoyos, aceptó incluir en la causa a siete testigos más, entre ellos dos inspectoras de Sanidad, y documentación referida a cómo la empresa gestionó la información sanitaria con sus trabajadores.

Tras la vista preliminar, el juicio oral se fijó para 17 de mayo. Ese día, la sala decidirá sobre las alegaciones presentadas por la defensa. El juicio se celebrará ocho años después de que un grupo de seis ex operarios denunciaron los directivos de la extinta fábrica Fibrocementos de Levante por un supuesto delito contra la seguridad de los trabajadores.