La Junta retendrá el urbanismo de Marbella el plazo máximo previsto

La Consejería de Obras Públicas gestionará el urbanismo de Marbella durante el plazo máximo previsto por la ley, cinco años, según contempla la orden de retirada de competencias al consistorio firmada el pasado día 16. De cumplirse este plazo, la Junta tendría las competencias de planificación y disciplina urbanística durante todo el mandado del equipo de Gobierno que se forme tras las elecciones municipales del próximo año, aunque en la misma orden se contempla la posibilidad de que el Consejo de Gobierno de la Junta devolviera las facultades al municipio si las circunstancias actuales "variasen sustancialmente".

La Junta justifica el agotamiento de los plazos máximos legales en la situación de "extrema gravedad" en la que se encuentra el urbanismo municipal por los incumplimientos e irregularidades cometidos por los sucesivos equipos de Gobierno desde el año 1991 y porque en ese tiempo, cinco años, se podría aprobar no solo el nuevo planeamiento general, sino también el desarrollo suficiente que "permita crear un cuerpo de normas planificadoras y coherentes".

Una vez que se cumplan los trámites para que la Junta retire en efecto las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella, la prioridad es la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. En esta situación, sería la Junta y no el pleno del Ayuntamiento quien aprobaría inicialmente el documento, y después, tras un periodo de información pública, definitivamente. En todo caso, solicitará informes municipales para oír la opinión del consistorio, pero no vinculantes.

Durante el tiempo que ejerza las competencias, la Junta también será quien adopte y firme convenios urbanísticos con promotores, y depositará el importe de los mismos en las arcas municipales.

El Ayuntamiento de Marbella, que ha contratado al abogado Manuel Clavero Arévalo, ha solicitado una prórroga del plazo de 15 días que la Junta le ha concedido para formular alegaciones a la orden de retirada de competencias y alega que es un breve periodo para estudiar la documentación, 382 folios más 25 volúmenes complementarios.