La FAVB y otras 12 entidades recurrirán ante los tribunales la ordenanza cívica

Trece entidades, entre ellas la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), presentarán un recurso por la vía de lo contencioso administrativo contra la ordenanza cívica que hace tres meses aprobó el Ayuntamiento de Barcelona. Según los demandantes, entre los que se cuentan SOS Racismo y asociaciones por los derechos de las prostitutas y los drogadictos, algunas sanciones que impone la norma no están avaladas por una ley autonómica ni estatal. Por tanto, según sus argumentos, el consistorio carece de potestad para ejecutarlas.

La presidenta de la FAVB, Eva Fernández, y el abogado Jaume Asens avanzaron ayer, en un encuentro informal con periodistas, lo que serán las bases de su reclamación, que está avalada por el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. Asens puso en duda que el Ayuntamiento de Barcelona pueda "aplicar determinadas sanciones" que afectan a "derechos y libertades de los ciudadanos" sin estar respaldado en su actuación por una ley de rango superior a una ordenanza.

Según el abogado, buena parte de la ordenanza se apoya en la Ley de Seguridad Ciudadana. Pero añadió que la norma municipal va incluso más allá que la ley: "La ordenanza permite echar a las prostitutas de la vía pública aunque no ofrezcan servicios sexuales". Asens dijo que apoyarán sus razones con "casos concretos" de sanciones. El objetivo es demostrar la "arbitrariedad" en la aplicación de la ordenanza Mientras se dirime el recurso, los demandantes solicitarán que el juez "deje en suspenso", de forma cautelar, la aplicación de algunos artículos de la norma. Las entidades aún no han decidido qué artículos podrían congelarse, pero Asens cree que lo más probable es que sean los que regulan las sanciones a prostitutas y mendigos, los dos aspectos que han levantado mayor revuelo.

Observatorio de la norma

La ordenanza, aprobada por el Ayuntamiento a finales de diciembre, limita la prostitución callejera cuando supone una invasión del espacio público y la prohíbe en lugares situados a menos de 200 metros de los colegios. El incumplimiento puede suponer sanciones -para prostitutas y clientes- de 750 euros. En cuanto a la mendicidad, se prohíbe cuando supone una coacción (como sucede con los limpiacristales) o es agresiva. La norma también prevé sanciones en estos casos, que oscilan entre 750 y 1.500 euros.

La presidenta de la FAVB también anunció la intención de las 13 entidades de constituir un observatorio de seguimiento de la ordenanza. La propuesta, según Fernández, persigue un triple objetivo: actuar como ventanilla única para recoger las sanciones, aconsejar a los afectados sobre cómo actuar frente a las sanciones y hacer balance de la aplicación de la norma. "Queremos contrastar las cifras que ofrece el Ayuntamiento con nuestros propios datos", aseguró Asens.