Agricultura rebajará un 10% las ayudas si no se produce remolacha
La medida persigue evitar el abandono masivo de este cultivo y mejorar su calidad
El Ministerio de Agricultura pretente aplicar el artículo 69 de la reforma de la Política Agrícola Común en el sector remolachero, por el que un Estado miembro puede reducir hasta un 10% las ayudas a un cultivo para dedicar esos fondos a la mejora de la calidad y la comercialización de ese producto. La Administración intenta aumentar las ayudas para los agricultores que decidan seguir en el sector y frenar una desbandada de cultivadores.
En medios oficiales preocupan las consecuencias que tendrían sobre la economía del medio rural los abandonos de siembras y la búsqueda de alternativas de producción. La remolacha supone en la actualidad casi 100.000 hectáreas de siembra y la actividad de 10 plantas industriales cuyo futuro depende de ese cultivo.
La reforma de la OCM en el sector remolachero azucarero contempla, a grandes rasgos, una reducción de los precios del azúcar en un 36% y del 39,5% en los precios de la remolacha donde los mismos bajan de 42 euros en el caso de España a 32,9 euros más un complemento de 1,4 euros por tonelada en los primeros cuatro años. El precio base de la remolacha se situará en 26,3 euros por tonelada a partir de la campaña 2009. Esa reducción de los precios se complementa con una ayuda compensatoria media desligada de la producción (que se percibe sin necesidad de cultivar remolacha) de unos 900 euros por hectárea.
Según los datos manejados por el sector, los costes medios de producción de una hectárea de remolacha se elevan a unos 27 euros, aunque en muchos casos superan esa cifra en función de los gastos para la disponibilidad del agua para riego. Ante esa circunstancia, muchos agricultores, sobre todo personas mayores, consideran que es más rentable dejar de cultivar remolacha y percibir esas ayudas como una renta asegurada y dedicar las superficies a otras producciones.
Ésta es la decisión que han adoptado los agricultores castellano-manchegos y la que se teme en medios de la Administración y de las industrias que puedan tomar otros miles de cultivadores de otras zonas.
En Agricultura preocupa que con la supresión del cultivo se elimine un importante tejido económico que está manteniendo el medio rural en esas zonas y no se explica que algunas comunidades autónomas como Castilla y León no apoyen la aplicación de incentivos para quienes quieran seguir en el sector. Igualmente preocupa la dificultad para buscar producciones alternativas a las superficies de remolacha en regadío, donde la patata podría ser la gran perjudicada
Ante esta situación, Agricultura intenta convencer a las comunidades autónomas afectadas para que apoyen la aplicación del artículo 69 por el que es posible rebajar en un 10% las ayudas para apoyar con esos fondos a los cultivadores que sigan en la actividad.
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