Un trabajo con derecho a Seguridad Social

Desde 2000, Holanda cuenta con una normativa que regula la prostitución, considerada como un trabajo. Además de legalizar los burdeles, la ley obliga a sus propietarios a pagar la Seguridad Social de las prostitutas e impuestos por su actividad. Igualmente, regula el ejercicio autónomo de esta ocupación, que debe ser voluntaria. Tanto las personas que se prostituyen por libre como aquéllas que trabajan en un club deben ser mayores de edad.

En cualquier caso, para el ejercicio de la prostitución es preceptivo contar con autorización municipal. Muchos ayuntamientos se resisten a darla, según la asociación Hilo Rojo (De Rode Draad, agrupa a personas que ejercen la prostitución y colabora con el sindicato socialdemócrata FNV). Esta entidad critica ese aspecto y destaca otro problema añadido: los empresarios del sexo son renuentes a pagar los impuestos y la Seguridad Social. Esos dos factores han provocado un descenso del número de prostitutas (de 30.000 a 20.000) y un aumento de las tarifas, según Hilo Rojo.

Esta asociación reconoce que las prostitutas ejercen poco los derechos que les concede la ley, como el de percibir el desempleo. Cree que esto se debe en cierta media a la estigmatización que sufren estas mujeres.

Mientras los defensores de la reglamentación holandesa aseguran que esta medida permite luchar mejor contra el tráfico de mujeres y la prostitución forzada, sus detractores creen que el balance no es muy positivo, ya que no se ha erradicado la prostitución ilegal, entre otras cosas.