Pesadilla ADSL

La contratación del llamado ADSL -conexión rápida a Internet por vía telefónica- se ha convertido en España en un foco de abusos, molestias y comportamientos fraudulentos. El uso de la Red, identificado con la modernidad tecnológica, aparece manchado por prácticas comerciales inadmisibles que caen, cuando menos, bajo el ámbito de la picaresca. Las altas fraudulentas, los servicios de atención al cliente totalmente inoperantes o la publicidad engañosa -promesas incumplidas de velocidad, entre otras- ponen a prueba todos los días la paciencia de los usuarios. Más de la mitad de las quejas de los consumidores en el ámbito de las telecomunicaciones vienen motivadas por la conexión a Internet.

Acuciado por las protestas, el Gobierno ha acudido al rescate con una orden ministerial y una ley que pretenden poner orden en el guirigay de acusaciones mutuas en el que se han enzarzado las operadoras de ADSL (Telefónica, Jazztel, Ya.com, Wanadoo...). Visto que las empresas que operan en el mercado parecen incapaces de establecer reglas de juego en su confrontación permanente por captar clientes, la Administración se ha decidido a actuar, exigiendo calidades mínimas de servicio a las operadoras e imponiendo sanciones y obligaciones de indemnización a quienes perpetren ese cúmulo de fraudes que se han convertido en la pesadilla de los internautas.

Por ejemplo, los costes de las altas fraudulentas correrán a cargo de la operadora desde el momento en que entren en vigor las nuevas normas; los afectados por la conducta desaprensiva de los buscadores de clientes a cualquier precio tendrán derecho a indemnizaciones; y los procedimientos para darse de baja serán igual de ágiles o de meticulosos que los que mantengan las compañías para darse de alta. Cancelar los servicios de una compañía telefónica es una hazaña hercúlea, una pesadilla que contradice todas las normas de libertad de mercado y todos los derechos de los consumidores que se respetan en cualquier otra actividad comercial.

Permanecerá por ahora esa curiosa práctica que permite a las compañías contratar por teléfono, que equipara de hecho una conversación informal, propicia a malentendidos cuando no a interpretaciones maliciosas, a un contrato con todas las garantías legales. Convendría que el Gobierno y la CMT se pusieran rápidamente de acuerdo para derogar esta anomalía. Las operadoras de telecomunicaciones, en general, y las de ADSL, en particular, deben dedicar atención preferente a la calidad de los servicios que prestan y a las condiciones de gestión de sus negocios, justo lo contrario de lo que vienen haciendo.