Los transexuales podrán cambiar de nombre sin necesidad de operarse

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció ayer que el Gobierno presentará, en el primer trimestre de 2006, el anteproyecto de Ley de Identidad Sexual, que permitirá a los transexuales cambiar su nombre y sexo en el Registro Civil y en el DNI aunque no se hayan sometido a una operación quirúrgica de cambio de sexo. En España hay unos 8.000 transexuales, según cálculos de la asociación Transexualia.

Para adecuar el nombre en su DNI y demás documentos públicos a su identidad sexual, los transexuales deberán aportar un informe médico que acredite que llevan viviendo al menos dos años "en el sexo el que se sienten", declaró ayer la portavoz del Área de Transexuales del PSOE, Carla Antonelli.

López Aguilar indicó que la reforma consistirá en una escueta modificación de la Ley del Registro Civil, según lo prometido en el programa electoral del PSOE. La ley no exigirá una operación quirúrgica a los solicitantes de una rectificación registral de sus datos ya que, según destacó el ministro, esas intervenciones acarrean normalmente un importante sufrimiento. López Aguilar señaló que la reforma legal "removerá barreras de discriminación respecto a personas de carne y hueso que han sufrido durante años marginación y exclusión de forma innecesaria, y además mejorará su inserción social y laboral".

La ley, subrayó, cumple por otra parte un mandato de 1989 del Parlamento Europeo, pendiente de cumplimiento por España, que instaba a los Estados miembros de la UE a acabar con todas las formas de discriminación contra esos colectivos. El modelo de regulación propuesto por el Gobierno es similar al anunciado por el Reino Unido; en cambio, en Alemania y Suecia se exige la cirugía para que el cambio de sexo conste en la documentación oficial.

En el programa electoral del PSOE se especificaba que habría financiación pública del tratamiento de reasignación de sexo. El diagnóstico de la transexualidad y el tratamiento quirúrgico y médico se incorporarán al catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, anunció en mayo pasado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.