Huida hacia delante

La Ley Orgánica de la Educación (LOE) fue aprobada ayer en el Congreso de los Diputados con el único voto en contra del Partido Popular y siete abstenciones (de IU y el Grupo Mixto). El primer partido de la oposición parece sentirse a gusto en este papel de rechazo numantino a cualquier proyecto que venga del Gobierno, aunque durante la tramitación parlamentaria se hayan incluido numerosas enmiendas que permitieron incluso cerrar acuerdos con la patronal más importante de la enseñanza concertada, la que agrupa a los colegios religiosos.

El PP ha reaccionado con una huida hacia delante más efectista que eficaz. La responsable de política social de ese partido, Ana Pastor, y los consejeros de Educación de las seis comunidades donde gobierna -Madrid, Valencia, Baleares, Castilla y León, Murcia y La Rioja- anunciaron que en todas ellas se aplicará una política educativa común, que concretaron en 10 puntos destinados a mejorar, según dijeron, la calidad de la enseñanza. Pese a la pomposidad del anuncio, su contenido muestra que lo que el PP presenta como políticas propias y diferenciadas son en realidad posibilidades contempladas en la propia ley, y que de hecho ya se aplican en algunas comunidades.

Si de lo que se trata es de que estas autonomías ejerzan su derecho a decidir entre opciones posibles dentro de los márgenes previstos por la propia ley, no hay nada que objetar. Para eso existe el Estado de las Autonomías y todas pueden hacer lo mismo. Pero al tratarse de una acción de gobierno concertada y decidida por la cúpula del partido desde la calle Génova, la iniciativa tiene derivadas políticas que van mucho más allá del ámbito educativo. No es una insumisión a la ley -eso sería realmente muy grave-, pero sí una práctica política que implica la subordinación de los gobiernos autonómicos a la dirección de un partido.

No es coherente propugnar una mayor cohesión a través de enseñanzas comunes y trazar una frontera ideológica entre las comunidades según el color político de sus gobiernos respectivos. Es cierto que cuando estaban en la oposición también los socialistas intentaron a veces instrumentalizar a las comunidades en que gobernaban contra propuestas del Gobierno; pero aparte de que los errores de ayer no podrían justificar los de hoy, pocas veces la instrumentalización ha sido tan directa y tan contradictoria con el objetivo proclamado. Una cosa es defender criterios más homogéneos en todo el territorio y otra usurpar la capacidad de autonomía y responsabilidad de los propios gobiernos autonómicos. Porque el mensaje que estas decisiones envían a la ciudadanía es que las instituciones están al servicio de los partidos y no al revés. Lo cual puede tener el efecto de trasladar a los órganos representativos el descrédito que, según encuestas recientes, afecta a los partidos.