La Junta de Fiscales sale en defensa de Cabedo ante la ofensiva del PP para frenar la investigación

La Junta de Fiscales salió ayer en defensa del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Ricard Cabedo, a quien el Consell y el PP acusan de parcialidad. El órgano que agrupa a los fiscales afirmó en un comunicado que "sólo desde la ignorancia o la mala fe" pueden realizarse imputaciones como las formuladas por los populares, que "carecen de la más mínima apoyatura". El PP respondió hostigando de nuevo a Cabedo y exigiendo que se investigue al PSPV. Todo ello en una ofensiva política cuyo objetivo es frenar las investigaciones que afectan a altos cargos del PP.

La Junta de Fiscales, mediante un comunicado, manifestó que "la actuación del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en las diligencias que han suscitado las manifestaciones a las que se han hecho referencia [la denuncia a Terra Mítica por su participación en una trama de facturas falsas y el caso Ivex], procedentes de miembros del Gobierno valenciano, se ha ajustado en todo momento a los principios de imparcialidad y objetividad".

Para la Junta de Fiscales, "sólo desde la ignorancia o la mala fe pueden realizarse tales imputaciones, que carecen de la más mínima apoyatura, ya que la tramitación de dichas diligencias se ha realizado con un escrupuloso respeto a los tramites procedimentales ordinarios, sin que en las mismas, el fiscal jefe haya tenido mayor protagonismo que hacer suyo el criterio de la fiscal Instructora".

Por su parte, Cabedo trasladó ayer al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, las declaraciones vertidas contra él por los responsables del PP. "Para que el fiscal general lo valore, no lo hago yo", precisó. Ricard Cabedo se acogió ayer al Estatuto Fiscal para no responder de forma directa a la amenaza de "recusación" lanzada por la dirección regional del PP, que considera que su matrimonio con una diputada socialista contamina sus decisiones. La secretaria regional de los populares valencianos, Adela Pedrosa, pidió ayer a los cargos que sean llamados a declarar por Cabedo que presenten escrito de recusación.

Cabedo, que se acogió al Estatuto Fiscal "para no responder a las autoridades", tachó de "mal gusto hacer mención al matrimonio con una diputada socialista". "Cuando nos casamos, ella era estudiante de filosofía y yo un fiscalito. Y no acostumbro a despachar los asuntos con mi mujer", indicó Cabedo que añadió que "si las denuncias tienen indicios de delito se investigan". "Aquí no miramos la filiación, si es hombre o mujer, católico o protestante". Y concluyó: "Para mí, todos los partidos son muy respetables y no hago bromas con esto. Las garantías se establecen para que no se pidan jueces y fiscales a la carta", remachó.

Mientras, el vicepresidente del Consell, Víctor Campos; el portavoz Esteban González Pons, el Grupo Popular en el Congreso y la cúpula del PP regional optaron por cargar de nuevo contra Cabedo al que acusan de parcialidad.

Pese a que el fiscal jefe del TSJ es quien supervisa las actuaciones de los fiscales, y no quien dirige la acusación pública en los casos en los que se aprecia la existencia de indicios de delito, el PP considera que Cabedo no es imparcial.

Las razones que arguye el PP son fundamentalmente dos: está casado con la diputada del PSOE, Juana Serna, y no ha llamado a declarar al secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, y al vicepresidente de Bancaja, Josep María Cataluña, tras las declaraciones de un edil expulsado del PSOE que les involucra en una supuesta financiación irregular del partido.

González Pons manifestó que "si el fiscal jefe del TSJ no se abstiene por iniciativa propia [en las investigaciones que afectan a cargos del PP], el Consell podría solicitar al fiscal general del Estado que ordene la no intervención de Cabedo en estos asuntos". El vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, tachó de "sospechoso que últimamente haya una dedicación especial para ver si encuentran a algún responsable o representante del PP, en cualquier institución, respecto al que alguien pueda decir que existe algún tipo de sombra sobre su gestión".

El Grupo Popular en el Congreso, cuyo portavoz es Eduardo Zaplana, anunció ayer que solicitará la comparecencia urgente de Conde-Pumpido para que diga cómo piensa garantizar la independencia del fiscal jefe del TSJ de la Comunidad Valenciana.

Además de insistir en las críticas al fiscal jefe del TSJ, tanto el Consell como el PP insistieron en involucrar al vicepresidente de Bancaja, Josep María Cataluña, en una supuesta financiación irregular del PSPV. González Pons pidió a Cabedo que envíe al fiscal general del Estado "las informaciones que apuntan hacia una presunta trama de financiación irregular del PSPV dirigida por un vicepresidente de Bancaja". El portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes Valencianas Antonio Clemente también abundó en la cuestión al manifestar que espera que "Cataluña no se convierta en el Montilla [en referencia al ministro de Industria] de la Comunidad Valenciana".

Tanto el Consell como el PP consideran que las manifestaciones del edil oriolano Francisco García Ortuño, expulsado del PSOE, en las que indicaba que el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, y Cataluña habían ido "a pasar la bandeja" a varios empresarios de Orihuela "es una denuncia en toda regla que goza de la formalidad necesaria para ser investigada".

Cataluña ha negado las citadas imputaciones y ha recalcado que acudirá a declarar allí donde se le cite.