Bruselas aplaza de nuevo la decisión sobre la OPA de Gas Natural

Bruselas decidió ayer aplazar de nuevo una semana más la decisión sobre si es competente para analizar la OPA de Gas Natural sobre Endesa, lanzada el 5 de septiembre. La decisión se adoptará, si no hay nuevos retrasos, el 15 de noviembre por el Colegio de Comisarios, 70 días después de que se lanzara la OPA. Por su parte, el Servicio de la Competencia español envió ayer el expediente de la operación al Tribunal de la Competencia.

A petición de Endesa, Bruselas está verificando la contabilidad de la compañía eléctrica española para determinar si las dos terceras partes (66,6%) o más de su actividad se realiza en España, en cuyo caso serían las autoridades españolas las que examinarían la operación. Si la actividad de Endesa en España es inferior al 66,6%, el examen corresponde a Bruselas.

Desde un primer momento, el Servicio de Defensa de la Competencia español se consideró competente e inició la tramitación del caso. Gas Natural sostiene que la actividad económica de Endesa en España representa entre el 71% y el 85%, del total europeo, según distintos indicadores, mientras que la facturación es el 80%.

Según Endesa, que ha aplicado nuevos criterios contables contenidos en las Normas Internacionales de Contabilidad, sus ventas en España sólo representan el 64% del total y, por tanto, consideran que se trata de una operación de dimensión comunitaria que debe analizar la comisaria de Competencia, Neelie Kroes.

La Comisión ha solicitado nuevos documentos a las empresas para acreditar la distribución de su actividad en España y en el resto de Europa. Algunas de estas respuestas llegaron a Bruselas en la madrugada de ayer. Pero la Comisión ha pedido nuevos documentos que espera recibir hoy. El nuevo retraso y la petición de nuevos dictámenes podría estar relacionado con el malestar en los propios servicios técnicos de Competencia de Bruselas que ya se pronunciaron en un principio a favor de la competencia española. También ha causado perplejidad que la comisaria haya remitido el caso al Colegio de Comisarios, en una decisión que no tiene precedentes.

Al respecto, el ministro de Economía, Pedro Solbes, afirmó ayer en Bruselas: "la sensación que tengo es que es una decisión que podía haber tomado la comisaria por su propia cuenta, aunque quizá hay elementos que desconozco".

Mientras Bruselas prolonga la incertidumbre sobre qué Administración (la comunitaria o la nacional) es la competente para examinar la operación, las autoridades españolas, de acuerdo con su idea de que la OPA es un asunto nacional, siguen los pasos previstos.

Ayer, el Ministerio de Economía español informó de que el Servicio de Defensa de la Competencia, integrado en el departamento, ha enviado el expediente de la OPA al Tribunal de Defensa de la Competencia tras apreciar la "existencia de determinados aspectos de la operación que pueden afectar a la competencia".

El Tribunal de Defensa de la Competencia español dispone ahora de un plazo de dos meses para emitir su dictamen y remitirlo a Economía. A su vez, el ministerio que dirige Pedro Solbes dispondrá de un mes más para elevar la propuesta que considere más conveniente al Consejo de Ministros.

En paralelo a la decisión del Ministerio de Economía de someter la OPA al examen del Tribunal de Defensa de la Competencia, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) inició ayer el debate sobre los posibles efectos de la OPA en los sectores regulados (transporte y distribución de energía).

Informe técnico

Sobre la mesa del consejo de la Comisión (con cuatro miembros, incluida la presidenta Maite Costa, nombrados a propuesta del PSOE, cuatro, a propuesta del PP, y uno cercano a CiU) está el informe de los técnicos, que no ven efectos negativos de la operación en los sectores regulados.

La votación final de la CNE sobre este punto (el de los efectos de la oferta de compra de Gas Natural en las actividades energéticas reguladas) está prevista para hoy. La decisión que adopte la Comisión será vinculante para el Ejecutivo. Ayer, la CNE guardó un absoluto mutismo sobre las deliberaciones.