La Audiencia Nacional estudia cómo limitar las denuncias por genocidio
La Audiencia Nacional teme que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avalaba la jurisdicción española para investigar los genocidios en otros países provoque una avalancha de denuncias por este tipo de crímenes contra la humanidad, y se prepara para reconducir la situación.
Por ello, la Sala de lo Penal se reunió ayer en un pleno no jurisdiccional para unificar criterios sobre el tema. Se han creado comisiones de estudio al respecto, pero todo parece indicar que, de acuerdo con el Convenio sobre Genocidio, señalarán que la prioridad en la competencia la tienen los tribunales del lugar donde se cometieron los delitos. En segundo lugar, la competencia correspondería a la Corte Penal Internacional, y en último lugar, terceros Estados, como España, que actuarían en jurisdicción universal y con la finalidad de que los delitos no queden impunes.
Pero, además, la Audiencia deberá incorporar la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, que -al resolver un recurso sobre el genocidio en Guatemala- estableció que la justicia española es competente para juzgar los casos de genocidio cometidos en otros países aunque no haya víctimas ni intereses españoles, requisito que había sido incorporado por el Tribunal Supremo. Además, la sentencia señalaba que tampoco era necesario que el querellante acreditase que los hechos no habían sido perseguidos en el lugar en el que se cometieron, como en su momento había requerido la Audiencia Nacional.
El pleno de la Sala recordará previsiblemente que España no es el único país con jurisdicción universal. La decisión que adopte no se conocerá hasta dentro de un par de semanas.
La Audiencia ya había investigado los genocidios en Argentina y Chile, y tiene en tramitación el de Ruanda y el de Guatemala. En su momento denegó la admisión de la querella relativa al del Tíbet, pero en la actualidad está pendiente de un nuevo pronunciamiento.
Por si eso no fuera poco, ha sido presentada de nuevo en la Audiencia la querella por genocidio en Guinea, que el juez remitió a un juzgado de Alcorcón, pero por asesinato frustrado, en lugar de genocidio.
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