Deporte y dopaje

El proyecto de ley antidopaje que acaba de ser presentado al Consejo de Ministros revisa la posición de España con respecto a la enorme incidencia de las drogas en el deporte. Por primera vez se va a aplicar el Código Penal a aquellos que inciten a los deportistas al consumo de sustancias prohibidas. No sólo se establecen penas de cárcel -de seis meses a dos años-, sino que se ha previsto una batería de inhabilitaciones profesionales de hasta seis años.

El comercio mundial relacionado con el dopaje alcanzó un valor de 16.000 millones de dólares en 2003, según datos de Interpol. Es ingenuo pensar que esta gigantesca industria ilegal desaparezca con leyes como la española. Pero a los Gobiernos les corresponde velar por la legalidad, promover los valores éticos y perseguir a los delincuentes instalados en el entorno del deportista.

La medida tiene una vocación disuasoria en un mundo que ha visto florecer todo tipo de gurús y consejeros alrededor de los profesionales del deporte. Desgraciadamente, se ha generado un mundo de mafias que debe ser tratado como tal. Pero esta consideración no evita una idea básica: por firme y eficaz que sea la persecución del fraude, siempre tendrán que estar garantizados los derechos individuales de las personas.

El secretario de Estado, Jaime Lissavetzky, considera que España ha sido un país "permisivo" con el dopaje y que la nueva ley responde a una idea opuesta: la tolerancia cero. Además de introducir el Código Penal para castigar las actividades delictivas, se anuncia la creación de la Agencia Española Antidopaje, dependiente del Consejo Superior de Deportes, y colocada como eje central en el control y la investigación de ese submundo. Sus funciones, sin embargo, pueden chocar con el papel preponderante de las federaciones, cuyos comités disciplinarios dictarán las sanciones.

Son numerosas las voces que consideran inapropiado el vínculo orgánico entre las agencias antidopaje y los Gobiernos. Creen que no es posible luchar eficazmente contra la droga y a la vez buscar el éxito a través del máximo número de medallas. Es una visión seguramente realista, pero de un pesimismo abrumador. A este Gobierno le corresponde demostrar que puede resolver la ecuación que algunos consideran imposible: el éxito del deporte en un país de tolerancia cero con el dopaje.