La policía señala la "autoridad" del empresario del 'caso Camas' sobre los ediles detenidos

El empresario Eusebio Gaviño, detenido por el intento de soborno a la concejal no adscrita del Ayuntamiento de Camas (Sevilla) Carmen Lobo, señaló ante la policía al ex edil del PP Antonio Enrique Fraile como la persona que le propuso que hablara con Lobo para obtener su apoyo a determinadas decisiones del gobierno local. Sin embargo, la policía destaca en un informe al que ha tenido acceso este diario la "autoridad" que tiene Gaviño sobre los tres miembros del gobierno municipal detenidos por el caso: el alcalde de Camas, Agustín Pavón (ex de IU); Fraile y el ex edil del PA José del Castillo.

El informe de la policía señala que el origen de la investigación está en los hechos denunciados por Lobo, ex edil de IU, y su amigo Francisco Javier Gordo. Ambos llevaron a la policía unas grabaciones en las que se fragua el intento de soborno y que dieron pie a la investigación policial que llevó a las detenciones del empresario, del alcalde y de sus dos concejales. El objetivo de los detenidos, según la denuncia, era que Lobo apoyase el pasado 13 de septiembre dos operaciones urbanísticas auspiciadas por el Gobierno municipal. Cuando todo parecía cerrado, Lobo votó en contra y se precipitaron las detenciones.

La policía apunta que Lobo y Gordo tienen una "enemistad manifiesta" con miembros del Gobierno municipal, formado por la coalición IU, PP y PA. Esta enemistad es sobre todo grave en el caso de Pavón, al que los denunciantes responsabilizan de la salida de Lobo del Gobierno municipal cuando fue condenada por estafa en la venta de una vivienda. Este asunto está pendiente de una decisión definitiva del Tribunal Supremo.

La policía destaca que la salida de Lobo supuso que el Gobierno local se quedase en una situación "de bloqueo institucional" que impide la aprobación de proyectos.

Los investigadores apuntan que es probable que la actuación de Gordo y Lobo, que grabaron a los cuatro acusados del intento de cohecho en varias citas previas a la denuncia, se deba "a motivaciones personales, incluso de venganza", pero añaden que esta posibilidad "no es óbice de que la situación reinante haya propiciado el intento de obtener mediante dádiva el voto necesario para desequilibrar una situación de empate técnico".

En el informe policial, se describe la función que ha desempeñado cada uno de los implicados en el intento de soborno. Así, de Gaviño se asegura que "tiene papel de árbitro y autoridad sobre Agustín Pavón, José del Castillo y Antonio Enrique Fraile, lo cual es insólito y demuestra que existen intereses espúreos y ajenos a los estrictamente políticos, pues si bien existen muchos temas para tratar relativos a una corporación, el eje de la conversación versa exclusivamente sobre decisiones urbanísticas, detrás de la que existen intereses económicos de terceras personas".

Los investigadores también afirman que en la reunión que mantuvo Gordo con Gaviño, Pavón, Fraile y Del Castillo para avanzar en la compra del voto de Lobo queda de manifiesto al alto grado de enemistad, entre el denunciante y el alcalde, que recibe varios insultos del primero. "Está claro que dándose esas circunstancias nadie puede buscar un acercamiento personal ni político, por lo que hay un estrecho margen de maniobra que no puede ser otro que doblegar la voluntad visceral que se aprecia en las conversaciones mediante un lucro".

En todo momento, los concejales intentaron convencer a Gordo de que todos los proyectos "serían legales formalmente", aunque también señalan que habrá "beneficios en la gestión empresarial". En opinión de los investigadores, esta afirmación supone que "los empresarios que obtengan ganancias con dichos proyectos urbanísticos entregarán comisiones". La policía destaca que uno de esos empresarios es Gaviño, quien cuenta ya con "el apoyo" del Gobierno local. De hecho, el informe apunta que todos están presentes en la oferta a Gordo, "lo cual denota que todo el mundo sabe perfectamente a lo que ha ido" a esa reunión.