Conde-Pumpido admite que los cambios de jueces y fiscales del 'caso Fabra' pueden perturbar el proceso

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, considera que los continuos cambios de jueces y fiscales en el llamado caso Fabra pueden "perturbar la marcha del proceso" por el que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por la posible comisión de uno o varios relacionados con el tráfico de influencias y el fraude fiscal. En un escrito, Conde-Pumpido dice que estos cambios pueden afectar incluso a la "eficacia de la actividad investigadora" y asegura compartir el análisis realizado por el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien le manifestó su preocupación por estos cambios.

Desde que se abrió, de oficio, la investigación por los presuntos delitos contra la Administración Públicas, por el juzgado de Nules, donde se instruye el caso, han pasado siete jueces, entre titulares y sustitutas. Además, han sido tres los fiscales que han llevado el caso, por lo que Llamazares mantuvo que estos continuos cambios en los principales responsables de las investigaciones, "el volumen de la documentación acumulada y la necesidad de estudiarla íntegramente antes de proceder a nuevas diligencias comportan claramente una mayor lentitud en el proceso que dificulta claramente la rapidez y queda mermada, con ello, la eficacia de la justicia", consideración que comparte Conde-Pumpido. Sin embargo, el fiscal general del Estado señala que los mecanismos del estatuto jurídico de los miembros del Poder Judicial están "concebidos para preservar la independencia judicial", lo que impide "cualquier tipo de interferencia no prevista legalmente en el régimen de movilidad de los jueces". En su respuesta al coordinador general de IU señala: "Esta Fiscalía General del Estado carece obviamente de competencia para adoptar directamente medida o decisión alguna" para evitar los cambios. Conde-Pumpido añade que, en cualquier caso, no se ha detectado "alguna clase de trato privilegiado para el imputado señor Fabra, o alguna conducta atentatoria contra la independencia de los jueces sucesivamente encargados del procedimiento y la imparcialidad del representante del Ministerio Público adscrito al mismo".

Por otra parte, la acción judicial desplegada por Carlos Fabra contra las informaciones publicadas sobre la investigación de la que está siendo objeto ha sufrido un nuevo revés. Después de que la sección III de la Audiencia de Castellón rechazara su solicitud de secuestrar las informaciones de EL PAÍS y la SER, el también presidente del PP recusó a los miembros del tribunal. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado la recusación en un auto, contra el que no cabe recurso.