La Audiencia de Tarragona anula el congreso de Unió de 2002 porque fue antidemocrático

La Audiencia de Tarragona ha anulado el congreso ordinario de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) celebrado en Sitges en 2002 por considerar que fue antidemocrático porque no se respetaron los derechos de los militantes del sector crítico. El tribunal fundamenta este razonamiento en que se cambió el sistema de representación de compromisarios cuando ya se había iniciado el congreso, de modo que se perjudicó al sector crítico, y no se entregó a estos militantes la relación de afiliados que habían exigido para saber si se respetaba el criterio de elección de compromisarios.

La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Tarragona confirma la que dictó en julio de 2003 el Juzgado de Primera Instancia número 1 de El Vendrell (Baix Penedès), que declaró "nulo radicalmente" el congreso de UDC celebrado en Sitges el 1 y 2 de junio de 2002. Aquella sentencia también anuló todos los acuerdos adoptados en ese cónclave. Unió recurrió y ahora la Audiencia ha ratificado íntegramente la sentencia y ha condenado al partido de Duran Lleida a pagar las costas. El proceso se inició por una demanda del sector crítico, defendido por la abogada María Teresa Gallardo.

La sentencia recuerda que antes de empezar el congreso se estableció que se elegiría un compromisario por cada 20 afiliados, pero que una vez iniciado, la secretaría de organización acordó que sería uno por cada 12. "Esta solución es evidente que, aparte de que pudiera beneficiar a unos afiliados, perjudicaba gravemente a otros, pues implicaba cambiar las reglas de juego", dice la sentencia. Más adelante, los jueces aseguran que "se conculcaron derechos" de los afiliados del sector crítico, porque no se les permitió ser candidatos "en igualdad de condiciones a la candidatura oficial". Y añaden que esa variación en el sistema de elección "supone una infracción del deber constitucional de que la estructura y el funcionamiento de los partidos deben ser democráticos".

En cuanto a facilitar a los críticos los nombres de los afiliados y la cifra total, la sentencia afirma: "Díficilmente puede admitirse que exista conculcación del derecho de confidencialidad de datos de los afiliados, pues la ideología del partido ya es conocida por todos".

Joana Ortega, portavoz de UDC, aseguró ayer que la sentencia es "irrelevante", porque los acuerdos de Sitges volvieron a ser ratificados en otro congreso extraordinario, y anunció que no presentarían recurso.