Un juzgado obliga a un municipio a actuar contra el chalet de Ardanza

Un juzgado de Bilbao obliga al al Ayuntamiento de Arteaga a actuar por las irregularidades urbanísticas en el chalet del ex lehendakari y actual presidente de Euskaltel José Antonio Ardanza. La sentencia da la razón al Gobierno vasco, que llevó a los tribunales al consistorio vizcaíno por su negativa a actuar en este caso. Y establece que las competencias "para restaurar el ordenamiento urbanístico infringido" son sólo municipales.

El fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Bilbao, emitido el 22 de julio y que puede ser recurrido en un plazo de 15 días a partir de hoy, es el segundo por este caso. Hace un año otro juzgado rechazó una denuncia de un grupo ecologista por motivos formales, al no precisar "cuál es el acto firme de la Administración demandada cuya ejecución solicita". Ahora, se falla en contra del Ayuntamiento de Arteaga, localidad en la que se ubica el chalet de Ardanza.

La construcción del inmueble, ubicado en pleno corazón de la reserva de Urdaibai, se encuentra en entredicho desde hace más de tres años, cuando el Taller de Ecología de Gernika denunció una serie de infracciones. Varios informes, tanto del Gobierno como del propio Ayuntamiento, constataron que en la rehabilitación por Ardanza de un caserón se cometieron seis ilegalidades, entre ellas la construcción de dos plantas no previstas en el proyecto, la superación en 1,20 metros de la altura autorizada y la inclusión de una piscina. Además, el Patronato de Urdaibai certificó una aumento en un 38,6% de la superficie construida.En concreto, se afirmaba que los 634 metros cuadrados del proyecto original aprobado por el Ayuntamiento se habían incrementado hasta los 879 metros cuadrados, con lo que una vivienda que era bifamiliar se convirtió de hecho en trifamiliar. Pese a que estas anomalías quedaron confirmadas en septiembre de 2002 y el Gobierno vasco dio entonces su informe desfavorable al proyecto de reforma de Ardanza, aún no se ha adoptado ningún tipo de medida. El ex lehendakari y su familia utilizan el chalet como residencia desde hace tres años.

En febrero de 2004, el Ayuntamiento de Arteaga, cuya alcaldesa es del PNV, acordó en un pleno extraordinario dar por finalizado el caso por entender que no era la administración competente. Esta postura motivó la intervención del Gobierno, que en abril de ese año decidió llevar a los tribunales la actuación del consistorio.

La sentencia, que da la razón al Ejecutivo, señala que los distintos informes sobre la reforma del chalet de Ardanza "son concluyentes en que la ejecución de las obras no se han ajustado al proyecto que obtuvo licencia". La juez asegura que se evidencia la existencia de "infracciones urbanísticas".

Acuerdo plenario nulo

Al entrar en el fondo de la demanda sobre qué administración es la competente para intervenir, asegura que "no cabe duda" de la competencia del Ayuntamiento de Arteaga "para controlar el respeto de la legalidad urbanística". Se basa en la Ley de Bases de Régimen Local, donde se fija en los municipios "la facultad para la adopción de las medidas de restauración de la legalidad urbanística, no pudiendo transferir dicha competencia a las autoridades autonómicas".

Por ello, la sentencia declara "la disconformidad a derecho" del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Arteaga y lo anula. Agrega que el consistorio, "en virtud de su competencia en materia de disciplina urbanística", debe adoptar las "medidas necesarias para restaurar el ordenamiento urbanístico infringido en la ejecución de las obras" en el chalet.

El consistorio vizcaíno, que ahora deberá decidir si recurre o no el fallo, había argumentado que las irregularidades confirmadas iban contra la Ley de Protección de la Reserva de Urdaibai (cuya gestión es competencia es del Gobierno vasco) y no contra la normativa municipal.

El anterior consejero de Medio Ambiente, Sabin Intxaurraga, exigió hace casi dos años que se incoase un expediente sancionador contra la sociedad que creó Ardanza para promover la vivienda y entonces censuró la "pasividad del Ayuntamiento en la aplicación de la disciplina urbanística".

La Diputación de Vizcaya ha variado su postura en este caso. Hace tres años votó en contra del informe técnico que confirmó las ilegalidades en las obras del inmueble. Entonces afirmó que las irregularidades "en el caso de que sean infracciones, no son graves". Un año después, a finales de 2003, aseguró, en una comparecencia en las Juntas Generales, que su posición es que se "cumpla la ley y se haga cumplir la ley".

El Taller de Ecología de Gernika, el colectivo que realizó las primeras denuncias, ha acusado al Ayuntamiento de Arteaga de "dejar que pase el tiempo para que [el caso] quede en el olvido o legalmente no se pueda actuar". Este grupo ha insistido varias veces que la ley de protección de Urdaibai fue firmada por el propio Ardanza cuando era lehendakari.