Discriminar a un discapacitado se multará hasta con un millón

Discriminar a una persona discapacitada, conculcar sus derechos o atentar contra su dignidad se castigará con multas que pueden alcanzar un millón de euros. El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Infracciones y Sanciones destinado a "garantizar la igualdad de los ciudadanos" y atajar cualquier vulneración de la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad universal de las personas con discapacidad, aprobada en 2003.

"Hay que acabar con todas las barreras", afirmó Jesús Caldera, titular de Trabajo y Asuntos Sociales. "La discapacidad sólo es una condición física y no una barrera para alcanzar la plena ciudadanía. El anteproyecto de ley persigue garantizar la igualdad de todos los ciudadanos y proteger los derechos de las personas discapacitadas". Jesús Caldera avaló con estas palabras este anteproyecto de ley que establece un régimen sancionador de acuerdo con el carácter de la infracción cometida: leve, grave o muy grave.

El Consejo Nacional de Discapacidad ha dado su conformidad al texto del anteproyecto, elaborado con la participación del Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad (CERMI). El texto recoge las aspiraciones de este colectivo de dotar de instrumentos eficaces a la Ley de Igualdad de Oportunidades para asegurar su cumplimiento y evitar que se convierta en una mera declaración de intenciones. En el mismo sentido, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, justificó la necesidad de establecer esta batería de sanciones para conseguir que la Ley de Igualdad de Oportunidades no sea papel mojado.

El anteproyecto, que será remitido al Consejo de Estado antes de ser enviado a las Cortes, completa la legislación de 2003 en la materia y supone un eslabón más en el objetivo de que los discapacitados logren la plena normalidad como ciudadanos en su vida diaria.

La discriminación directa o indirecta, el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas o de las normas de accesibilidad a servicios, bienes o entornos, llevarán aparejados sanción. Imponer de modo abusivo la renuncia de sus derechos a una persona discapacitada se considera una infracción grave. El hostigamiento o acoso, atacar su dignidad o poner en situación de riesgo al discapacitado, se califica de falta "muy grave".