Los tres partidos de izquierda mantienen varias discrepancias

No sólo entre los nacionalistas de Convergència i Unió (CiU) y el tripartito de izquierdas hay desacuerdos sobre la reforma del Estatuto catalán. También entre los partidos de la izquierda se mantienen todavía importantes discrepancias que complican la última fase del proceso. Sobre todo, en dos asuntos: la Administración local y la normativa electoral.

Los socialistas quieren que el Estatuto garantice y especifique detalladamente un potente núcleo de competencias para los municipios y las futuras veguerías, que estas Administraciones locales han de poder ejercer con la autonomía que les da la Constitución. ERC se opone.

Pero, además, ERC y CiU apoyan la definición como exclusiva de la competencia de la Generalitat en materia de régimen local, algo que los socialistas consideran inconstitucional, porque la Constitución da también competencias al Estado en algunos aspectos esenciales de la Administración local, como la ordenación de su régimen jurídico.

El PSC sostiene que, por tanto, esta competencia ha de ser incluida en el Estatuto entre las que se definen como compartidas. La misma discrepancia se mantiene sobre la definición de las competencias de la Generalitat en materia de cultura y educación, y sobre juego y espectáculos.

La transitoria electoral

El otro desacuerdo importante es el relativo a la normativa electoral. Cada uno de los tres partidos de izquierda ha presentado su respectiva propuesta para sustituir la disposición transitoria del Estatuto que ha regulado todas las elecciones autonómicas celebradas en Cataluña desde 1979 por otra adaptada a la actual realidad demográfica.

El objetivo de las propuestas presentadas por PSC e ICV es lograr la igualdad del voto en cualquier punto de Cataluña, para evitar que, como sucedió en las elecciones autonómicas de 1999 y de 2003, el partido que más votos obtuvo fuera el segundo en número de diputados.

Esta anomalía fue posible porque la distribución del número de escaños por provincia fijada en el Estatuto de 1979 otorga una sobrerrepresentación a la provincia de Lleida, en la que un voto vale 2,7 veces lo que vale en la provincia de Barcelona a la hora de lograr un escaño.

La fórmula electoral presentada por ERC no satisface a los otros dos partidos, pues tampoco iguala el valor del voto. En este caso perjudica particularmente a ICV, el partido con el que los republicanos se disputan el apoyo de franjas electorales juveniles.

Tanta disensión ha enrarecido las relaciones, hasta el extremo de que los republicanos anunciaron ayer que no asistirán a una reunión de los ponentes del tripartito convocada por el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura.