Parálisis institucional

La sentencia dictada por el cuerpo electoral vasco en las últimas elecciones autonómicas no es que sea de difícil, sino que es una sentencia de casi imposible interpretación y, consiguientemente, de casi imposible ejecución. Ha empezado a hacerse visible en la elección de la presidencia del Parlamento y en la investidura del lehendakari.

Las elecciones fueron convocadas por Juan José Ibarretxe al día siguiente de que el proyecto de ley de reforma del Estatuto de Gernika hubiera sido rechazado por el Congreso de los Diputados. Formalmente eran unas elecciones parlamentarias, pero materialmente eran un referéndum sobre la reforma estatutaria y un plebiscito sobre la persona del lehendakari.

La sentencia fue desestimatoria de las pretensiones del lehendakari. Los ciudadanos lo desautorizaron personalmente y rechazaron su propuesta de reforma del Estatuto. Y sin embargo, los ciudadanos decidieron simultáneamente que fuera el lehendakari desautorizado el que se encargara de la ejecución de la sentencia que se acababa de dictar. La coalición PNV-EA pierde cuatro escaños, pero la distancia que la separa del siguiente partido, PSE-PSOE, es tanta, que únicamente ella puede encargarse de la formación de gobierno.

Tiene que hacerlo, además, en condiciones imposibles, ya que si el nacionalismo es ligeramente mayoritario, 39 escaños frente a 36, el nacionalismo democrático es claramente minoritario, 29 PNV-EA y 1 de Aralar. Hay una contradicción entre la formación de Gobierno y la acción de gobierno. Para la formación de Gobierno es indispensable el concurso de EHAK, esto es, de Batasuna. Para la acción de gobierno es imposible contar con ella. El recorrido de cualquier acción de gobierno con Batasuna consagra la división política interna en el País Vasco y tiene garantizado el rechazo absoluto fuera del mismo.

La formación de gobierno conduce inevitablemente a la parálisis institucional. Y lo que es más grave, supone un desincentivo para que ETA tome la decisión de declarar un cese definitivo de la violencia. Para ETA la situación actual es de una rentabilidad política extraordinaria. Si anunciara en este momento el abandono definitivo de las armas, ¿podría continuar manteniendo su situación de privilegio en el sistema político vasco? Mientras el Gobierno vasco esté dispuesto a depender de Batasuna, ETA no puede tener interés alguno en abandonar definitivamente las armas sin obtener previamente garantías de algún tipo de recompensa política, es decir, justamente lo contrario de lo que se aprobó en el Congreso de los Diputados tras el debate del estado de la nación.

En esas estamos, sin que se vislumbre de momento ninguna salida. Un sistema político puede funcionar teniendo en su interior un partido que no respeta las reglas de juego. Pero no puede operar si el partido que no respeta las reglas de juego es el que decide la formación del Gobierno y el que tiene en sus manos autorizar la acción de gobierno. Durante todos los años del Pacto de Ajuria Enea la presencia de Batasuna no provocó el bloqueo del sistema político vasco. Desde que el PNV empezó a votar conjuntamente con Batasuna en el Parlamento vasco en 1998 el sistema empezó a quedar paralizado. Paralización que se ha ido haciendo progresivamente más visible, pero que puede ir todavía a más. En la pasada legislatura no era necesario el concurso positivo de Batasuna para la formación de Gobierno. Bastaba su abstención. En ésta su concurso es indispensable. Si la pasada legislatura transcurrió como transcurrió, ¿qué es lo que se puede esperar en ésta?