Castells advierte de que no aceptará una propuesta de financiación que renuncie a "lo esencial"

El consejero de Economía y Finanzas del Gobierno catalán, Antoni Castells, aprovechó ayer el foro Tribuna Barcelona para advertir que la negociación con Madrid no le llevará a aceptar un acuerdo que renuncie a "lo esencial". Fue uno de los dos mensajes que lanzó sobre el nuevo modelo de financiación.

A los nacionalistas de ERC y CiU, que exigen una relación de tú a tú entre Cataluña y el Estado, les dijo que no se obcequen con la bilateralidad del acuerdo. "A algunos les pone nerviosos la generalización. Y es un error, porque la importancia no se mide por lo que obtienen los otros". Siempre, eso sí, que la aplicación por parte de las autonomías que lo deseen no se utilice para oponerse a que Cataluña profundice en su autogobierno. "No admitiremos vetos de nadie", advirtió.

La bilateralidad es uno de los desacuerdos que permanece entre los partidos catalanes tras la segunda cumbre del Estatut del sábado pasado. Frente a las posiciones nacionalistas, el PSC defiende que el modelo de financiación pueda ser exportable al conjunto de regiones. El Gobierno central ha advertido de que, de lo contrario, difícilmente lo aprobará.

No obstante, Castells afirmó que no aceptará un acuerdo "que sea fruto de las cesiones" y renuncie a "lo esencial" de la propuesta del tripartito. El Gobierno de Zapatero ha sugerido que elaborará su propia propuesta de financiación.

Cuatro aspectos son fundamentales para Castells: que los rendimientos de los impuestos estén compartidos al 50% por las administraciones central y catalana, espacios de capacidad normativa sobre todos los impuestos, mecanismo de solidaridad y una Agencia Tributaria "coordinada o consorciada" con la estatal. Para Castells, mejor lo segundo.

Pero, pese a la insistencia del consejero sobre la necesidad de "consorciar" la Agencia Tributaria catalana con la estatal, CiU no ve en esta cuestión un obstáculo para el acuerdo. En la federación se respira optimismo al respecto, y se da casi por hecho que prevalecerá un pacto según el cual la agencia que recaudará y gestionará todos los impuestos en Cataluña tendrá su propio nombre y se limitará a "colaborar" con la estatal.

El hueso más duro de roer para que pueda hablarse de fumata blanca en materia de financiación es, para CiU, el mecanismo que debe garantizar la contribución de Cataluña a la solidaridad con los territorios menos desarrollados. Los nacionalistas defienden que sea la propia Cataluña la que decida hasta dónde va a ser solidaria, y que dicha solidaridad se defina en un porcentaje del PIB catalán; verbalmente, se planteó el 2%. Para el consejero de Economía, este planteamiento es de "dudosa constitucionalidad", mientras que el mecanismo de solidaridad progresivo que propone el tripartito sería generalizable al resto de comunidades. Es una propuesta que a CiU le parece pensada para que el resto de autonomías españolas asientan.