Las comunidades del Cantábrico instan a Espinosa a pagar las ayudas a la flota

Los consejeros de Pesca de las cuatro comunidades del Cantábrico (País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia) instaron ayer al Ministerio de Agricultura y Pesca, que encabeza Elena Espinosa, a pagar las ayudas a la flota de bajura por la profunda crisis que vive ante la falta de capturas de anchoa. En una reunión conjunta en Bilbao, los cuatro consejeros acordaron pedir la suspensión de esta pesquería para lo que resta de año y la anulación del acuerdo de Arcachon, que distribuyó las cuotas y los periodos de captura entre Francia y España.

La coincidencia fue total sobre ambos puntos. "Debemos parar. Nos estamos jugando el que esta pesquería pueda tener una posibilidad de recuperación", afirmó el consejero vasco, Gonzalo Sáenz de Samaniego. La cita sirvió también para conocer los datos definitivos de las investigaciones de Azti (entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a investigar en el sector primario) de mediados de mes. Sus conclusiones son más alarmantes que el informe provisional: el número de ejemplares de anchoa se sitúa en la mitad de la llamada biomasa límite, en concreto 10.360 toneladas frente a las 21.000 fijados como tope, por debajo del cual existe riesgo de desaparición de la especie.

Ante esta situación, los cuatro consejeros estiman que el acuerdo de Arcachon "no tiene sentido", lo que conllevaría la prohibición a Francia de iniciar su costera el 1 de junio, como les corresponde. Sin embargo, Sáenz de Samaniego auguró que la flota del país vecino saldrá a faenar esa fecha.

La financiación de las ayudas al sector tuvo más diferencias. Mientras Galicia y el País Vasco aseguraron que debe corresponder "exclusivamente" al Gobierno central, Cantabria y Asturias se muestran más favorables a algún tipo de cofinanciación, como ha planteado el ministerio, aun recalcando que la competencia recae sobre el Ejecutivo español.

Sáenz de Samaniego explicó que hay coincidencia en que el Gobierno central plantee cuál es la cifra para las indemnizaciones y a partir de ahí las comunidades autónomas deberán "buscar una posición de encuentro y consenso".

La consejera asturiana, Servanda García, dijo que la competencia es de la "Administración del Estado", pero agregó que, si se llega a un acuerdo sobre la aportación, las cuatro comunidades deben destinar la misma cantidad.

La ministra afirmó en el Senado que el Gobierno ha tenido una "rápida reacción" en esta crisis y anunció una reunión científica para obtener un "diagnóstico exacto".

La flota de bajura de Vizcaya, reunida ayer tarde, rechazó "de pleno" las ayudas propuestas por el ministerio. "Es una burla", apuntó el presidente de su federación, Iñaki Zabaleta.