El presidente de Huelva Solidaria reconoce que su organización "ha podido cometer errores"

El presidente de Huelva Solidaria, Manuel Rodríguez, imputado junto a otros cuatro miembros de esta ONG de supuesta estafa a 40.000 inmigrantes, a quienes presuntamente cobraban entre 100 y 200 euros por servicios gratuitos, reconoció ayer que "se han podido cometer errores". "Si es así, lo trataremos de aclarar lo antes posible", añadió.

Rodríguez afirmó que su organización siempre ha tratado de ser "transparente" y "ha hecho públicas sus cuotas así como su funcionamiento".

Rodríguez expresó su perplejidad por las numerosas denuncias que la Guardia Civil dice estar recibiendo: "No digo que no haya gente descontenta, porque hemos prestado servicio a miles de inmigrantes, pero no entiendo cómo no se ha hecho público antes. Los inmigrantes que dicen ser estafados por esta organización eran asociados de Huelva Solidaria y como tal deben asumir los costes que se originan por los servicios prestados. Aquí no se obliga a nadie y son libres de abandonar cuando lo estimen oportuno".

El presidente de Huelva Solidaria declinó ser más explícito por el secreto de sumario dictado por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Huelva, que dirige la investigación, y hasta conocer los términos reales de la acusación. Sólo añadió que la denuncia responde a "una maniobra política derivada del proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno central". "Se está llevando a cabo una persecución injustificada contra esta organización humanitaria", dijo.

La ONG se fundó en 1994 como Asociación Emprendedora de Acciones y Ayudas Humanitarias de Huelva. En el Registro Nacional figura, en 1999, como Asociación Española de Trabajadores Inmigrantes Extranjeros en España-Huelva Solidaria. En esa inscripción aparece en la Junta Directiva, Manuel Rodríguez como presidente y representante legal, Mohamed Moussaid como secretario, Carlos Enríque Vázquez como vicepresidente y Verónica Alexandra y Saif Coulibaly como tesoreros. Como ONG, carece de ánimo de lucro y está obligada a destinar sus ingresos a fines sociales.

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