Una testigo declara que un alto cargo de Turismo sabía que se encargaban informes ilegales

Testigo de cargo. Marta Alañà, actual responsable de los servicios jurídicos del Consorcio de Turismo de Cataluña, declaró ayer durante todo el día ante la Audiencia de Barcelona y sus palabras podrían tener consecuencias judiciales para Josep Cerveró, director general de Turismo de la Generalitat entre 1991 y 1996. Y es que la testigo explicó que Cerveró siguió encargando expedientes durante el segundo semestre de 1995, a través del Consorcio de Turismo de Cataluña, que dirigía Joan Cogul, sabiendo que eran nulos, porque ella le advirtió de que no tenían una propuesta de gasto, no iban acompañados de una certificación de existencia de presupuesto y no se asignaban a una partida concreta. En concreto fueron 295 expedientes por valor de 2,21 millones de euros (368 millones de pesetas) que, pese a todo, se pagaron con dinero público.

En cuanto Alañà hizo sus primeras afirmaciones, el presidente del tribunal la interrumpió y le preguntó si estaba segura de su relato, porque los testigos tienen obligación de decir la verdad y no pueden mentir, a diferencia de los acusados. Y es que Cerveró declaró días atrás, a preguntas del abogado Cristóbal Martell, que él desconocía la ilegalidad o nulidad administrativa de esos informes. Y si la testigo dijo la verdad, Cerveró podría haber incurrido en un delito de falso testimonio, como insinuó el presidente del tribunal. E incluso en un presunto delito de prevaricación, por dictar resoluciones administrativas en el ejercicio de su cargo a sabiendas de que eran injustas.

Deducción de testimonio

Es muy probable que el tribunal acuerde deducir testimonio de la declaración de Alañà, una expresión que no significa otra cosa que comunicar los hechos al juzgado de guardia para que actúe. Si es así, el tribunal debería concretar por qué supuestos delitos adopta esa decisión. Fuentes judiciales explicaron que lo razonable es que esta decisión se acuerde en sentencia, aunque nada impide que el tribunal o el fiscal lo hagan a partir de hoy mismo.

Las supuestas ilegalidades, explicó Alañà, se cometieron porque el Consorcio de Turismo de Cataluña había agotado con fecha 5 de julio de 1995 el presupuesto de todo el año, que era de 7,03 millones de euros (unos 1.170 millones de pesetas). El 30% de esa cantidad se empleaba en gasto corriente de alquiler de las dependencias y nóminas del personal.

"Cerveró lo sabía porque hablé con él y le envié una carta en la que se lo explicaba", dijo la testigo. "En junio me había enviado un requerimiento para decirme que cumpliera la ley, pero lo que me pedía iba contra la ley", añadió. Durante la instrucción de esta causa en el Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona, Cerveró estuvo imputado, aunque finalmente el fiscal solicitó su exculpación y el juez la acordó. Sólo la acusación ejercida por el abogado Manuel González Peeters se opuso.