El fiscal pide ocho años de inhabilitación para el alcalde de Vila-real

El próximo 4 de julio el alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, del PP, se sentará en el banquillo en la Audiencia Provincial de Castellón por los presuntos delitos de prevaricación y delito ecológico. Junto a él se sentará el administrador de la empresa azulejera Rocersa. El fiscal solicita ocho años y medio de inhabilitación especial para Vilanova y más de cuatro años de cárcel y otros cuatro de inhabilitación para el responsable de la empresa. La acusación exige prisión para ambos al considerar que Vilanova fue "colaborador necesario" del presunto delito.

Los hechos se remontan a 1995 cuando un matrimonio empezó a presentar denuncias ante el Ayuntamiento de Vila-real tras varios meses de soportar el ruido de una fábrica que no les "dejaba dormir", según explicó uno de los afectados, Antonio Flich. Los denunciantes llegaron a plantear una veintena de denuncias ante el Ayuntamiento con mediciones de la Policía Local y técnicos de la Generalitat. Pero las denuncias, que mostraban niveles de ruido muy superiores a los permitidos, nunca fueron atendidas. En 1998 presentaron una querella por prevaricación contra el alcalde, que el juzgado decidió sobreseer ante el compromiso de Vilanova de ordenar el cierre del cogenerador que originaba el ruido. El cogenerador se cerró pero los denunciantes quisieron seguir adelante por la "angustia, el estrés y la depresión" sufridos y recurrieron a la Audiencia de Castellón que reabrió el caso al detectar "evidentes indicios de delito".