Doce mayores vivían entre sus propios excrementos

El caso de Alhaurín de la Torre, en el que la Guardia Civil acusa a los detenidos de sedar a los residentes para obligarles a firmar poderes notariales con los que apropiarse de sus pisos es puntual, según un inspector, y no ha de crear alarma. En los últimos años, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha cerrado centros por diversos incumplimientos.

El inspector de Granada Antonio Aranda se encontró una situación atroz en la residencia privada Virgen del Carmen, de Otura, el pasado 3 de junio. Los 12 mayores internos en esta vivienda tutelada, casi todos procedentes de familias muy humildes, vivían entre sus propios excrementos. La mayoría eran incapaces de valerse por sí mismos. "A una de las señoras la tuve que sacar yo mismo en brazos. Despedía un olor tan fuerte que no pude quitármelo en varios días", recuerda Aranda.

A algunos de los mayores, con problemas de diabetes, tuvieron que amputarles miembros gangrenados debido a la inadecuada nutrición que habían recibido durante años, según Aranda. "Los médicos que los atendieron en el hospital nos dijeron que en un caso era imposible distinguir los restos de ropa de los propios tejidos del paciente porque nadie le había hecho ninguna cura", recuerda el inspector. El centro se cerró inmediatamente y los internos fueron derivados a centros públicos. Sus familiares denunciaron el caso en los juzgados de Santa Fe que instruyen el caso. Aranda dice que si fuera por él, eliminaría las viviendas tuteladas de la tipología andaluza de centros para mayores porque es en ellas en las que se encuentran las mayores irregularidades. "Cualquiera que tenga una casa con varias habitaciones puede abrir una", asegura.

En Sevilla, la delegación provincial cerró el pasado 9 de febrero una residencia ilegal en Palomares del Río en la que vivían 19 mayores, por los incumplimientos de la propietaria, que no subsanó las deficiencias detectadas por los inspectores en 2003. Entre las anomalías, destacaba la utilización de trabajadores inmigrantes sin regularizar, la escasez de personal y deficiencias arquitectónicas. La Junta dictó una orden de clausura voluntaria, que no se cumplió y que denunció ante la fiscalía y el juzgado como un delito de desobediencia. Finalmente, tras la denuncia a la prensa de uno de los mayores, la Junta cerró el centro.

A finales de 2003, los residentes de un centro en Mairena del Aljarafe

denunciaron un trato vejatorio por parte de los dueños que los querían echar para vender la residencia. Las inspecciones de la Junta también confirmaron irregularidades, aunque al final sólo se quedaron tres mayores de 60 en la residencia. Los demás se fueron por supuestas coacciones. Al final, el juez ordenó el desalojo de los tres ancianos y los propietarios pudieron venderla.