Quedarse en Irak

Irak tiene presidente -por vez primera, un kurdo-, vicepresidentes y primer ministro, y a punto está de contar con un Gobierno pleno más de dos meses después de las elecciones. El secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, en su fugaz viaje a Bagdad, ha aconsejado al nuevo Ejecutivo que no cometa el mismo error que él: dividir o purgar al ejército. Éste, como la policía, va creciendo tanto, según Bush, que ya supera numéricamente a los soldados de la coalición, lo que permitiría considerar una reducción parcial de la presencia militar de EE UU, aunque sin horizonte temporal.

Ésta es la visión rosa, pero el propio primer ministro, el chií Abrahim al Yafari, se ha apresurado a pedir que las fuerzas estadounidenses se queden en Irak por tiempo indefinido. No todos los chiíes lo quieren, como lo demostró una masiva manifestación en Bagdad el pasado fin de semana organizada por el radical Múqtada al Sáder; también exigen su retirada los opositores suníes y los variopintos grupos terroristas. Entretanto, siguen los secuestros y la dura guerra urbana contra la insurgencia en Mosul, Bagdad y otras ciudades, y las cárceles se han vuelto a llenar de 17.000 "detenidos por seguridad". Ayer mismo dos atentados suicidas causaron 15 muertos en la capital.

Los aliados de Estados Unidos van anunciando, en un goteo regular, la retirada de sus tropas. Lo habrán hecho ya para finales de este año Italia, Polonia, Ucrania, Bulgaria y una parte de los más de 3.500 surcoreanos. Quedan casi 9.000 británicos, a los que, según su ministro de Exteriores, se comenzará a retirar probablemente el año próximo. Y otros 11.000 de 20 países. Y, naturalmente, EE UU, con 142.000, más un número no determinado de contratistas privados. No parece suficiente para estabilizar el país frente a una violencia que no cesa y una Administración nacional que se pone en marcha con extrema lentitud. Para el nuevo Gobierno, y en especial para su primer ministro -cargo que implica más poderes-, la prioridad es que la Asamblea electa redacte para este verano el proyecto de Constitución que se habrá de someter a referéndum a finales de año, y que requiere la aprobación no sólo de una mayoría de los ciudadanos, sino también de las provincias, es decir, de las etnias.