Mil personas secundan en Dénia la protesta de los constructores contra la congelación de licencias

Unas mil personas se concentraron ayer en Dénia en protesta por la decisión del equipo de gobierno, una coalición presidida por el PSPV, de congelar las licencias de obras en el entorno de Les Rotes y el Montgó. Los manifestantes, convocados por la asociación de pequeños constructores, fueron increpados por representantes de grupos ecologistas que avalan la política urbanística del Ayuntamiento y que se manifestaron contrarios a urbanizar.

La protesta convocada por los constructores, que contó con el respaldo de las asociaciones empresariales de la localidad, se enmarca en la polémica derivada de la nueva política urbanística aplicada por el equipo de gobierno, que lidera la socialista Francisca Viciano. La alcaldesa apuesta ahora por un urbanismo racional y sostenible. El equipo de gobierno impulsa un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), documento que en la actualidad está en fase de debate entre los colectivos del foro de la Agenda Local 21. La iniciativa del Ayuntamiento cuenta con el rechazo de los grandes promotores inmobiliarios que, aparte de denunciar la paralización de licencias en les Rotes, exigen también la aprobación del plan de Les Marines, la otra zona del litoral hasta ahora libre de edificaciones.

La protesta de los constructores concluyó con la lectura de un decálogo reivindicativo en el que antepusieron la necesidad de que se desbloqueen las licencias paralizadas en la falda del Montgó. Los empresarios estiman que, en la actualidad, son 50 las licencias de actividad que esperan una salida favorable. Las licencias que afectan a parcelas allí donde no hay alcantarillado y que son supervisadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar permanecen a la espera de un pronunciamiento desde este organismo.

El equipo de gobierno esgrime que la nueva normativa impide la construcción de fosas sépticas, mientras los empresarios solicitan la colocación provisional de fosas de oxidación. No obstante, el presidente de los constructores, Antonio Martí, ha denunciado que existe una orden de paralizar sus licencias en el cajón de un despacho del Comisario de la Confederación. Además, Martí censura la lentitud y el presunto desbarajuste burocrático en la tramitación de las licencias y que no se fiscaliza de la misma forma a los promotores de planes que prevén la construcción de centenares de casas.

La alcaldesa rechaza la acusación: "En el último año han crecido las licencias de obras mayores y menores en un 20% y un 40%, respectivamente".