De la "atención digna" al "caos organizativo" en tres años

Las consecuencias de las denuncias de supuesto abuso de calmantes en enfermos terminales en el hospital Severo Ochoa de Leganés han sido muy diferentes. La primera vez que se puso en entredicho la actuación del centro fue a finales de 2002. La investigación realizada por la Consejería de Sanidad, cuyo titular era José Ignacio Echániz, concluyó que la atención en urgencias era "muy digna" y que el uso de técnicas de sedación terminal no tenía otro objetivo que "evitar sufrimientos al paciente".

Las denuncias del día 8 de marzo de 2005 han corrido una suerte diferente. Se justificó su tramitación en la diferencia de mortalidad en urgencias entre el hospital de Leganés y otros similares de la comunidad de Madrid (Getafe, Alcalá y Móstoles). Los datos de la Consejería demostraban que si se ajustaban los datos en función del número de urgencias, existía una mortalidad un 144% superior en Leganés. Pero esta diferencia se compensaba cuando se medían las muertes en planta, que eran un 21,8% menos. El balance era que el hospital de Leganés tiene una mortalidad inferior a la media de los otros centros. [El Severo Ochoa fue considerado uno de los 20 mejores de España en el estudio realizado en 2003 por Asist].

En las denuncias de este año que hicieron públicas las asociaciones El Defensor del Paciente (Adepa, no confundir con el cargo del mismo nombre) y la de Víctimas de Negligencias Sanitarias (Avinesa) se apuntaba que podría haber hasta 400 muertos de más en urgencias en Leganés. El informe de la Comunidad ha rebajado esta cifra a 25 casos en los que el uso de sedación terminal no está justificada

documentalmente. Este aspecto, junto a la falta de unidad en la aplicación de protocolos, son muestra del "caos organizativo" del centro, según el consejero de Sanidad, Manuel Lamela.