Del buen gobierno

El Sistema democrático "no se basa sólo en normas y procedimientos, sino que requiere hábitos y modos de actuar por parte del Gobierno", decía el programa del PSOE para las elecciones de marzo, y es lo que el Consejo de Ministros plasmó ayer en el anteproyecto de "Código para el buen gobierno" que enviará al Parlamento. Su objetivo principal es promover la competencia, austeridad, limpieza y transparencia en la gestión de los altos cargos; en otras palabras, la ética y la estética de la responsabilidad pública.

A mediados de los noventa y bajo la presión de los escándalos de corrupción que afectaron al Gobierno socialista, se aprobaron una serie de medidas como la creación de la Fiscalía Anticorrupción, la reforma de la normativa sobre contratación de las Administraciones públicas y la recuperación de poderes por la Intervención General del Estado. El PP aplicó esas medidas, pero no siguió el impulso reformador con nuevas normas que aconsejaban los expertos y más tarde también la experiencia. Su tanda de escándalos fue aleccionadora en relación a cuestiones como el establecimiento de mecanismos independientes de control de las incompatibilidades, garantías de protección para los denunciantes, usos ostentosos del poder o lagunas en las competencias del Tribunal de Cuentas.

La gente estaba tan harta de los escándalos que durante una temporada los asuntos de corrupción pasaron a segundo plano entre las preocupaciones de los ciudadanos, pese a que se produjeron casos como el del lino -que tenía que ver con la mezcla de intereses privados y públicos en el sector-, el de Gescartera -relacionado con la idoneidad del personal directivo de los organismos reguladores- o, sobre todo, con la utilización de la privatización de empresas públicas para colocar a su frente a gestores dispuestos a financiar con fondos de la compañía medios de comunicación adictos al Gobierno. En esta modalidad de corrupción, la España de esa década fue pionera.

Ahora, sin el agobio de legislar en caliente, se trata de incorporar mecanismos preventivos que dificulten ese tipo de abusos y vayan creando hábitos de transparencia y limpieza mediante normas ya ensayadas en otros países. Así, el establecimiento de sanciones al incumplimiento de las incompatibilidades y de requisitos previos para nombramientos en órganos constitucionales y entes reguladores, el fomento de hábitos austeros, la prohibición de regalos, la protección de la igualdad de género y hasta la supresión de los tratamientos singulares para dirigirse a los altos cargos; porque no hay ética sin estética, y viceversa.