El Supremo atribuye a un juzgado de Madrid el 'caso Tabacalera'

La Sala Penal del Tribunal Supremo acordó ayer atribuir la competencia sobre el llamado caso Tabacalera, en el que se investiga un supuesto uso de información privilegiada por el entonces presidente de la entidad y actual presidente de Telefónica, César Alierta, al juzgado de instrucción número 32 de Madrid, servido por el juez Santiago Torres, en vez de a un juzgado central de la Audiencia Nacional.

La decisión de la Sala Penal se adoptó teniendo en cuenta el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo, según fuentes fiscales que dijeron que el pasado octubre el fiscal del Supremo hizo suyo un informe de Anticorrupción según el cual, el delito del artículo 285 del Código Penal que se imputa a Alierta, a su mujer, Cristina Placer y al sobrino de ambos, Luis Javier Placer, "no puede considerarse ni como defraudación ni como maquinación para alterar el precio de las cosas de los que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional".

Es decir, el uso de información privilegiada que se imputa a Alierta no tiene cabida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que define las competencias de la Audiencia Nacional, dado que la cuantía del supuesto delito, 2,4 millones de euros en títulos de Tabacalera, no es como para poner en riesgo la economía nacional, según dichas fuentes.

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