En frío

El desenlace de lo que ya algunos llaman la Batalla de Madrid, cuando se refieren al asunto de la onomástica de la lengua propia de los valencianos, coloca a todos los actores del contencioso ante la hora de la verdad.

El gobierno de Madrid deberá dar explicaciones al de Valencia por haber decidido sobre un asunto de competencia exclusiva de la Generalitat; el gobierno de Barcelona, por haber consentido y avalado la presión de uno de los partidos que lo apoyan para instar al de Madrid a suplantar la competencia del de Valencia en lugar de acudir directamente aquí para intentar un acuerdo Valencia-Barcelona a suscribir por el de Madrid para llevarlo a Bruselas; los socialistas valencianos, por su parte, deberán abandonar el paraguas de su nominal unitarismo en lo lingüístico para dar cuenta ante la sociedad valenciana de no haber sido capaces de mediar como pedía el asunto entre el Gobierno de Madrid y el de Barcelona para impedir que el primero, a instancia del segundo, agraviara al de València; el Gobierno de Valencia, deberá salir cuanto antes del callejón sin salida que supone airear cada vez con más contundencia la afrenta competencial cometida por el de Madrid, y deslindar claramente lo inaceptable -la legítima posición de quien ve usurpada su competencia estatutaria recurriendo la invasión competencial con argumentos jurídicos-, de lo obvio, es decir, de lo que en última instancia se está dirimiendo: si la tácita declaración de que valenciano y catalán son la misma lengua con una triple denominación (valenciano, en la CV, catalán en Catalunya, y catalán-valenciano en Europa) puede sustentarlo la AVL mediante el dictamen pertinente.

A esos efectos, la AVL, como ya se ha dicho hasta la saciedad, tenía en estudio ya antes de estallar la Batalla de Madrid una declaración que podemos calificar técnicamente de filología de oportunidad política (en realidad un cometido esencialmente material del ente, por las condiciones de su creación y su papel en el proceso de pacificación del contencioso) donde abordaba la doble denominación de la lengua propia de los valencianos, y los ámbitos donde ha de tener relevancia, junto con la reiteración de su onomástica tradicional -valenciano-, como seña distintiva de su identidad.

Pero claro, la injerencia jurídica del Gobierno de Madrid, más la complacencia del de Barcelona, y los discursos ideológicos que se le han adosado al simple hecho de llevar a Bruselas la traducción de la CUE bajo la doble denominación, han colocado al gobierno de Valencia al borde del orgasmo secesionista y a la AVL a los pies de la impotencia; una mezcla sumamente incómoda y poco recomendable para la salud del proceso que debían tutelar gobierno, oposición y AVL, de acuerdo con los pactos suscritos en su día.

Si nadie lo remedia, el gobierno de Valencia ejercerá acciones legales contra la invasión competencial, mientras la AVL se verá obligada a discutir el borrador del documento, a aprobarlo y a hacerlo público en breve. El espectáculo de un gobierno herido y una AVL enfrentada a su propio sino denotan que el camino emprendido aquí para salir de las indefiniciones y superar el trauma de nuestra división ha sido torpemente embarrado por el eje Madrid-Barcelona, colaborando a avivar el fuego entre esa gran parte de la sociedad valenciana que todavía se resiste a aceptar la unidad.

En frío, la AVL trabaja(ría) mejor, y en caliente, al gobierno de Valencia le pueden los nervios. Mal rollo.