El PP intentó invalidar un acta que demostraba irregularidades

El anterior equipo de Defensa trató de anular legalmente el acta que demostraba las irregularidades cometidas en la identificación de los cadáveres de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42. Este documento es precisamente la base del proceso que se sigue en el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, donde comparecen hoy como imputados los dos generales que lo firmaron, el teniente general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán y el general de división médico Vicente Navarro. También están citados los dos oficiales médicos que extendieron los partes de autopsia, el comandante José Ramón Ramírez y el capitán Miguel Ángel Sáez.

El 24 de marzo, un día después de remitir a Trillo-Figueroa la carta que se reproduce en esta página, el secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, envió un fax al embajador de España en Ankara (Turquía), Manuel de la Cámara.

"Sigo pendiente de los dos temas que comenté con el cónsul en Estambul: legalidad de la entrega del acta sobre identificación de cadáveres incluida en el sumario secreto sobre la investigación del accidente; y normativa nacional turca que hubiese sido violada por una entrega precipitada a España de restos de cadáveres insuficientemente identificados por no haberse procedido a las pruebas de ADN", explicaba el número tres del equipo político de Defensa.

Si la entrega del acta era ilegal, por haber vulnerado el secreto del sumario, como pretendía Jiménez-Ugarte, no podía servir de prueba ante la Audiencia Nacional. En el caso de que la entrega de cadáveres hubiera violado la legislación local, la responsabilidad de las falsas identificaciones no recaería sobre los dos generales españoles sino sobre las propias autoridades turcas.

Sin embargo, la abogada Beysal demostró que la entrega del acta cumplía todos los requisitos legales, mientras que un informe jurídico del propio Ministerio de Defensa subordinaba la normativa sobre traslado de cadáveres al compromiso firmado por los generales para identificarlos y entregarlos a sus familias.

Defensa de generales

Lo más sorprendente es que, tras destaparse la existencia de gravísimas irregularidades, el anterior equipo de Defensa seguía amparando a unos generales que, según su versión, no recibieron orden alguna y, si actuaron de forma negligente, fue por propia ineptitud.

"Por parte de este Ministerio de Defensa, se han tomado las medidas para la debida defensa de estos compañeros militares", escribió Jiménez-Ugarte el 12 de marzo. No se refería a los 62 fallecidos, sino a los dos generales.