Proteger las fuentes

En junio del año pasado, un antiguo embajador estadounidense, Joseph Wilson, desmintió en un periódico la afirmación del presidente Bush de que Sadam Husein había comprado uranio a Níger. En represalia, dos funcionarios de la Casa Blanca llamaron a algunos periodistas y, en violación flagrante de sus deberes, les contaron que la esposa del diplomático, Valerie Plame, era una agente de la CIA que había trabajado en el país africano. Ahora, una relevante periodista de The New York Times, Judy Miller, ha sido condenada a prisión por un juez federal por no revelar sus fuentes informativas sobre el caso ante el jurado de acusación que investiga la revelación del nombre de la espía, que constituye un delito federal.

La decisión del juez, pendiente de apelación, vuelve a plantear el dilema de si los periodistas deben revelar sus fuentes o, en caso contrario, ser encarcelados, algo que ya se ha hecho con anterioridad en EE UU. Aunque fueron los funcionarios de Bush los que violaron inicialmente la ley al facilitar la identidad de un agente operativo, son los mensajeros los que deben afrontar penas de prisión. El caso Miller, que ha provocado ya la protesta del Instituto Internacional de Prensa ante el fiscal general, John Ashcroft, es especialmente chocante, porque la reportera condenada nunca publicó en su periódico nada concerniente a Wilson ni a su esposa. Simplemente fue una más de la media docena de informadores que tuvo acceso a un soplo que otros colegas sí utilizaron.

En EE UU, más de 30 Estados protegen a los periodistas eximiéndoles de declarar sobre sus fuentes, salvo si su testimonio es esencial o inalcanzable por otros medios. Y leyes federales o estatales dispensan de testificar a sacerdotes, abogados o médicos en casos en los que mantienen una relación de confidencialidad con el acusado. Por eso rechina más que se haga una excepción tan relevante en casos como el que nos ocupa. La Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de prensa, fue ideada para permitir un amplio derecho de expresión. Si los informadores son forzados regularmente a revelar sus fuentes informativas bajo amenaza de cárcel, éstas acabarán desvaneciéndose, y con ellas, la posibilidad -fundamento mismo del periodismo- de confrontar las versiones oficiales de los hechos. El menoscabo para las libertades que acarrearía la consagración de este punto de vista difícilmente puede ser exagerado.