La defensa de los presos de Guantánamo pone en duda la legalidad de un juicio sin garantías

Los primeros tribunales castrenses de excepción en EE UU desde la II Guerra Mundial comienzan su trabajo esta semana en la base de Guantánamo, en la isla de Cuba, con los casos de tres guardaespaldas de Osama Bin Laden y de un australiano asociado a Al Qaeda, acusados de conspirar para cometer actos de guerra. Los sospechosos comparecerán en audiencias preliminares, en las cuales la defensa tiene previsto denunciar tácticas de obstrucción del Pentágono y confesiones obtenidas bajo coacción, así como la legitimidad de un proceso sin las garantías de la justicia militar ordinaria.

"El principal problema de este proceso es que, a medida que avanza, se inventan nuevas normas. El Ejecutivo lo hace porque está ejerciendo su poder de espaldas a la Constitución y a las leyes internacionales. Francamente, uno no sabe qué esperar", declara el subcomandante Charles Swift, abogado del chófer y guardaespaldas de Osama Bin Laden, el yemení Salim Ahmed Hamdan. Los otros acusados son el australiano David Hicks, el yemení Alí Hamza Ahamad Sulayman al Bahlul y el sudanés Ibrahim Ahmed Mahmoud al Qosi, estos últimos también guardaespaldas de Bin Laden.

De los letrados militares nombrados por el Pentágono para defender a los cuatro presos de Guantánamo acusados hasta el momento, Swift es el que ha montado la mayor ofensiva legal. Ha presentado 10 recursos ante el tribunal militar y dos demandas ante tribunales federales en un esfuerzo, según dice, por demostrar que, aunque es un abogado a sueldo del Gobierno, va a defender a su cliente "con indepedencia y vigor".

Tal y como están diseñados los tribunales militares, los abogados son los únicos que tienen en teoría un margen de acción, el resto del proceso está estrechamente controlado por el Pentágono a través del general que lo supervisa, John D. Altenburg, y del coronel al que éste ha nombrado para presidir los juicios, Peter Brownback. Al no existir una guía de procedimiento, salvo en líneas generales, tales como la presunción de inocencia o la carga de la prueba, Brownback dispone de total discreccionalidad para dictar normas, rechazar pruebas o declararlas secretas, resolver recursos y peticiones o aprobar cargos y veredictos.

Tanto poder en manos de la persona clave anula los principios de la justicia, en opinión del letrado Swift, quien ha presentado un recurso pidiendo que se invalide su nombramiento. El problema es que el propio Brownback es quien va a resolver ese recurso y sólo Altenburg lo supervisará.

En nombre de la seguridad nacional, el "embudo" Brownback-Altenburg se pronunciará a partir de esta semana sobre varios aspectos de procedimiento planteados por los abogados defensores. Los dos más importantes tienen que ver con la definición de lo que son o no pruebas "clasificadas", y con los métodos utilizados durante los interrogatorios para hacer confesar a los detenidos.

"Antes solía haber dos categorías de información, clasificada y no clasificada, pero ahora han creado una nueva que viene a ser 'una sobre la que no queremos hablar, pero que no es clasificada'; así de increíble", se lamenta Swift. Los documentos de la nueva categoría llevan el sello For Official Use Only. Scott Lang, el fiscal encargado de los casos de Ahmed Hamdan y Al Bahlul, ha solicitado recientemente al presidente del tribunal que impida que salgan a la luz pública los que lleven ese cuño.

Los cuatro acusados tendrán la oportunidad de declararse esta semana culpables o inocentes. En este caso tiene gran trascendencia porque la estrategia de la defensa va a girar en torno a supuestas confesiones hechas bajo coacción. El propio jefe de los tribunales, Altenburg, reconocía la semana pasada esperar que los defensores soliciten la exclusión de las confesiones a las que él eufemísticamente se refiere como "involuntarias".

Al menos dos de los acusados piensan declarase inocentes, Ahmed Hamdan y Hicks. El abogado de este último, el comandante Michael Mori, asegura "no albergar grandes expectativas sobre la justicia de los tribunales". En las vistas preliminares espera que al menos den "una fecha para el juicio y tiempo suficiente para investigar", dice en una entrevista telefónica.