Los afectados del 'caso Maeso' esperan hace cinco meses su pensión

Los más de doscientos contagiados por el virus de la hepatitis C en cuatro hospitales valencianos, caso por el que está imputado el anestesista Juan Maeso, llevan cinco meses esperando que se cumpla un convenio firmado en febrero entre el Ministerio de Trabajo y la Generalitat. El convenio recogía el compromiso de evaluar las situaciones de incapacidad laboral permanente de los afectados para establecer las correspondientes pensiones contributivas. El acuerdo, sin embargo, no se ha desarrollado de momento.

El convenio se firmó el 26 de febrero, un día antes del inicio de la campaña para las elecciones generales. Firmado por Eduardo Zaplana, entonces ministro de Trabajo y Francisco Camps, presidente de la Generalitat, la asociación de afectados por este contagio masivo producido en 1998 fue invitada al acto.

Pese a ello, el equipo de Eduardo Zaplana no informó al Gobierno entrante de la existencia del convenio. Tampoco la Consejería de Sanidad ha recordado la existencia de este acuerdo. Sin embargo, la denuncia de esta situación por parte de los afectados ha hecho que los actuales responsables del Instituto Nacional de la Seguridad Social hayan iniciado este mes los contactos con la consejería valenciana que asegura haber creado ya el equipo de evaluación. Según explicó ayer la Cadena SER, en las próximas semanas estará listo un protocolo que permitirá evaluar las incapacidades laborales de los afectados por este contagio masivo.

En el apartado judicial el caso de la hepatitis C también ha sufrido retrasos. A finales de abril, de hecho, la renuncia de José María Tomás Tío, magistrado de la sección segunda de la Audiencia de Valencia, en la que debe enjuiciar este caso, frenó la causa. La decisión está pendiente de que la Audiencia de Valencia designe un nuevo magistrado.