Una comisión de expertos evaluará las políticas de empleo de la última década

El Gobierno y los agentes sociales han decidido la creación de una comisión de expertos en relaciones laborales para el análisis y la evaluación de las políticas de empleo desarrolladas en la última década. En el documento que van a suscribir hoy el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos se recoge, asimismo, la creación de una comisión de seguimiento y evaluación para abordar la marcha de los asuntos contenidos en el diálogo social, y marcará "los ritmos, los plazos, el método y las prioridades".

La tarea que se encomendará a la comisión de expertos consiste en estudiar los efectos de los pactos sociales y si las políticas que con ellos se impulsaron están agotadas o aún pueden producir un impulso en el empleo.

El acuerdo más importante de esta década es el que diseñaron los sindicatos y la patronal en 1997, luego respaldado y llevado a la ley por el Gobierno del PP, que creó un nuevo contrato indefinido. Su objetivo era combatir la precariedad y está destinado a los colectivos que tienen especiales dificultades en el mercado de trabajo, con un menor coste del despido improcedente (33 días por año trabajado, frente a los 45 del contrato convencional) para que los empresarios se animen a utilizarlo. Con él se ha reducido la temporalidad cinco puntos.

El reto del tiempo parcial

Ahora los expertos se pronunciarán sobre si hay que seguir por esa vía o por la reforma posterior de 2001, que penalizó las cotizaciones de los contratos temporales. También deben determinar por qué en España no funciona la fórmula del contrato fijo a tiempo parcial, que alcanza sólo al 9% de los ocupados, la mitad que la media de la Unión Europea, pese a las tres reformas aplicadas.

Otro tema complicado que se discutirá entre la patronal y los sindicatos es la revisión de los sistemas de mediación y arbitraje y de la negociación colectiva, un ámbito que "no será sencillo" porque hay "conflicto de intereses", a juicio del dirigente ugetista Antonio Ferrer. No obstante, sindicatos y empresarios están de acuerdo en que el punto de partida de esa negociación sea el acuerdo de 1997, que perseguía aumentar la cobertura de la protección del sistema y vertebrar mejor el sistema desde el ámbito sectorial y estatal.