El fiscal general dice que la discriminación positiva la impone la Constitución

El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, terció ayer en la polémica sobre la constitucionalidad o no del anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia sobre la mujer. El fiscal aseguró que personalmente creía que "es absolutamente constitucional". A su entender, la Constitución "no sólo permite el apoyo a las personas más desfavorecidas", sino que lo "impone".

Pumpido, que participó en el XII Curso de Periodismo Jurídico, organizado por la Escuela de Periodismo UAM/EL PAÍS y los Colegios Notariales en Miraflores de la Sierra (Madrid), aseguró que el informe del CGPJ "utiliza un concepto de igualdad decimonónico". Indicó que el artículo 9-2 de la Constitución impone promover la igualdad y llama a remover los obstáculos que la impidan. Plantea la "igualdad promocional", señaló Pumpido a preguntas de los alumnos.

El fiscal general se mostró partidario de que la instrucción de los procedimientos penales sea llevada por la Fiscalía, tal y como pretende el Gobierno. Su propuesta no pasa por un cambio de papeles entre el actual juez instructor y el fiscal, sino porque en el proceso entre partes, el juez sea el garante de los derechos de las partes, el que decida la apertura del juicio oral, pero no el que haga la investigación.

En el curso participó también ayer el portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Ignacio Astarloa, quien se mostró convencido de que en el seno de la Unión Europea se acabará teniendo una "normativa penal generalizada". Astarloa, secretario de Estado de Seguridad en el anterior Gobierno, advirtió de que el riesgo de la actual amenaza terrorista internacional obliga a una mayor cooperación.