Las trabajadoras que deban abandonar su empleo por la violencia cobrarán el paro

El anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres dedica un apartado al empleo con una doble perspectiva. Por un lado, favorece la inserción laboral de las víctimas que carezcan de trabajo retribuido. Por otro, establece que aquellas que deban abandonar su puesto de trabajo a causa de la violencia puedan cobrar el paro. Además, fija ayudas económicas para las mujeres de más de 50 años. El anteproyecto aprobado ayer por el Gobierno también señala que las víctimas tendrán preferencia para obtener una vivienda protegida.

Los beneficios laborales y de inserción recogidas en el anteproyecto aprobado ayer por el Gobierno se destinarán a las mujeres que cuenten con orden de protección emitida por el juez o con un informe del fiscal que acredite su condición de víctimas.

Las trabajadoras que sufran violencia doméstica tendrán derecho a adaptar y reducir su tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica. También podrán suspender su relación laboral con reserva del puesto de trabajo o extinguirla. En los dos últimos supuestos podrán cobrar el desempleo. El tiempo de suspensión se considerará como cotizado a la Seguridad Social. Además, las ausencias del trabajo motivadas por situaciones derivadas de la violencia se considerarán justificadas cuando lo determinen los servicios sociales de atención.

El anteproyecto crea un programa de inserción laboral para las víctimas. Durante el tiempo de formación cobrarán un salario social (renta activa de inserción). Las maltratadas mayores de 55 años con rentas inferiores al 75% del salario mínimo recibirán una ayuda única equivalente a seis meses de subsidio por desempleo si debido a su falta de preparación tiene dificultades para conseguir empleo, por lo que, tampoco participarán presumiblemente en los programas de inserción laboral. Las comunidades autónomas serán las encargadas de conceder estas ayudas. En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, el requisito de edad para obtener esa ayuda se rebaja a los 50 años y su importe podrá alcanzar el equivalente a 18 meses de subsidio.

El anteproyecto también establece medidas para favorecer el acceso a una casa. Las mujeres maltratadas "serán consideradas colectivos prioritarios en la adjudicación de viviendas protegidas", según el texto.

Con esta iniciativa legislativa, sobre la que deberán informar en un plazo de 10 días organismos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Económico y Social, el Gobierno espera atajar una lacra que el año pasado costó la vida al menos a 70 mujeres, muertas a manos de sus compañeros o ex compañeros. En 2003 se registraron 50.000 denuncias por violencia doméstica. El Ejecutivo desea que la futura ley integral se apruebe en el Parlamento antes de final de año.