Europa supervisa el urbanismo

Las denuncias sobre los abusos urbanísticos que se han cometido por una indebida aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) se someten a examen. Una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo inició ayer una visita oficial a la Comunidad Valenciana para investigar si la LRAU vulnera los derechos de los propietarios de terrenos en los municipios costeros.

El responsable de la secretaría de esta comisión, David Lowe, junto a la eurodiputada alemana Margot Kessler, al eurodiputado galés Eurig Wym, y un consejero del grupo de Los Verdes, Kjell Sevon convocaron a las nueve de la mañana a los medios de comunicación en Alicante para explicar que durante su visita estudiarán si la LRAU "afecta a los derechos fundamentales sobre los que se asienta Europa". Bruselas examinó una queja presentada por la Asociación Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos, Medioambientales y en Contra de los Abusos Urbanísticos, conocida como popularmente como Abusos Urbanísticos No, contra esta legislación, avalada con más de 10.000 firmas. "Sólo de ciudadanos alemanes he recibido toda esta carpeta de denuncias", comentó Kessler, que considera que se trata de un tema especialmente "grave y serio" que ha provocado preocupación en Europa.

Los afectados que se creen perjudicados consideran la LRAU "contraria" a las garantías constitucionales españolas y a los documentos internacionales ratificados por España y por la Unión Europea en defensa de los derechos humanos y de la propiedad privada. Lowe dijo que su visita tiene "plena autoridad institucional", después de recibir el "apoyo de la mesa del Parlamento Europeo" a principios de mayo, debido al "interés público y a la trascendencia" que ha suscitado, y recordó cómo la mesa del Parlamento comunitario les remitió una carta en la que manifestó que "parece que la ley española desconoce o hace caso omiso de los derechos fundamentales de propiedad". Por ello, subrayó que es una cuestión que se "toman muy en serio en el Parlamento Europeo" y apostilló que pretenden "paliar esta situación de conflicto colaborando con la Generalitat y las Cortes".

Además, Lowe dijo que tanto el presidente de Abusos Urbanísticos No, Charles Svoboda, como la directora general de Ordenación del Territorio de la Generalitat, Cristina Santamarina, comparecieron en febrero ante el Comité de Peticiones para explicar sus posturas. "Nuestra competencia no es analizar la ley con lupa, para eso están los legisladores de aquí, pero nos preocupa los principios fundamentales sobre los que reposa esta ley", puesto que deben ser "claros y transparentes". Lowe recordó que la Comisión de Peticiones sólo organiza anualmente entre tres o cuatro comisiones como ésta entre las más de 1.400 peticiones que se presentan, por lo que recalcó la importancia del asunto. A su vez, explicó que el martes, a su llegada a Alicante, visitaron al Sindic de Greuges, Bernardo del Rosal. Ayer acudieron a la Universidad de Alicante, visitaron la OAMI, estuvieron con los afectados y hoy en Valencia visitarán a los responsables de la Generalitat. Entre otras localidades, visitará Alicante, Benissa, Teulada y Calp, donde residen la mayoría de los afectados. Tras analizar y reunirse con las partes, los eurodiputados redactarán antes del 10 de junio unas recomendaciones que serán estudiadas por el Parlamento y la Comisión Europea a finales de julio.

Por su parte, Kessler señaló que no han viajado a la Comunidad Valenciana para defender "sólo los intereses de alemanes o británicos, sino también para salvaguardar los intereses de los españoles", concluyó.