El Ejecutivo prepara la derogación de la Ley de Arrendamientos Rústicos

De acuerdo con los compromisos electorales, el Gobierno socialista procederá en breve a la derogación de la Ley de Arrendamientos Rústicos aprobada el pasado año contrarreloj, fundamentalmente con los votos del Partido Popular y en contra de las posiciones de diferentes formaciones políticas y, sobre todo, de una gran parte del sector agrario.

Ante los recursos presentados y aceptados ya por el Tribunal Constitucional, igualmente se plantea hacer lo mismo con la Ley del Vino en función de las peticiones cursadas por comunidades autónomas como Cataluña y Castilla-La Mancha.

En el caso de los arrendamientos rústicos, la ley entraría en vigor el próximo día 28, por lo que, para evitar contratos con diferentes normativas, la medida se deberá adoptar inmediatamente. Esta ley rebajó de cinco a tres años el periodo de duración de un contrato. Fundamentalmente desde las organizaciones agrarias UPA y COAG, así como también desde parte de Asaja, se consideró que se trataba de una ley que iba en contra de los agricultores y en beneficio de las actuaciones de empresas a la hora de arrendar las tierras. Para los agricultores en tierras arrendadas, un periodo de cinco años es necesario para dar estabilidad a sus inversiones en cuanto asegura disponer de tierras para la explotación.