Hacia un déficit real

Si bien el equilibrio presupuestario parecía un objetivo evidente, por lo trompeteado, de los gobiernos del PP, estaba menos claro que se convirtiera en realidad durante los ocho años que median entre 1996 y 2004. En primer lugar porque, como ha recordado el ministro de Economía, Pedro Solbes, las reducciones del déficit e incluso algún superávit se conseguían gracias al superávit permanente de la Seguridad Social, cuya aportación borraba los desequilibrios de las restantes cuentas del Estado. Y después porque las cifras que el Gobierno anunciaba a bombo y platillo cada año como demostración de que había rebajado el déficit eran frecuentemente corregidas después al alza, aunque con sordina. Como además la información disponible del sector público era deficiente, la evolución oficial del déficit parecía más un ejercicio político rutinario, sin traslación real a las variables del resto de la economía.

Ahora resulta que, además, las cifras del Presupuesto se beneficiaban de algunas ventajas contables, como acaba de desvelar el Ministerio de Economía. Al 0,4% de déficit del Estado previsto habrá que sumar otro medio punto más por la deuda televisiva y las cantidades que el Estado debe a Andalucía. En realidad, es muy probable que aparezcan nuevos compromisos de pago no contabilizados que acrecienten el déficit publicitado por los Gobiernos anteriores y, por tanto, se confirme que los logros anunciados en materia de equilibrio presupuestario tenían una parte de ficción. La incorporación de las partidas mencionadas y otras que, por debajo o por encima de la alfombra, vayan apareciendo en el futuro harán que el déficit sea cada vez más real y menos un ejercicio de voluntarismo político interesado.

En cualquier caso, la relatividad de las cifras facilitadas por los gobiernos anteriores confirma que hay que desdramatizar las virtudes del déficit cero. El Gobierno ha planteado correctamente el equilibrio presupuestario en el conjunto del ciclo, disposición que permite tomar decisiones de gasto útil para aumentar el capital tecnológico y de infraestructuras de la economía española y aliviar las pesadas restricciones impuestas durante ejercicios anteriores a las finanzas autonómicas y locales. El anuncio de Solbes de que se revisará la Ley de Estabilidad Presupuestaria debe entenderse como un intento de flexibilizar la imposición manu militari del déficit cero, con independencia de las circunstancias políticas de cada comunidad o Ayuntamiento.