Dos cambios de normas educativas para resolver 14 conflictos

Hay disputas judiciales entre la Administración central y las comunidades autónomas cuya solución, según el análisis del Ministerio de Administraciones Públicas, sólo pasa por la modificación de la ley que ha desencadenado la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional.

Los dos casos más significativos de los que habla el informe son la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE).

- Ley de Calidad de la Educación. Las comunidades autónomas presentaron siete recursos de inconstitucionalidad en relación con la LOCE que afectan "a la regulación de las enseñanzas de preescolar, infantil, primaria, secundaria y bachillerato, de las enseñanzas comunes, la imposición a su administración educativa de la obligación de contar con puestos escolares gratuitos en educación infantil, así como de que dichas plazas hayan de garantizarse tanto en centros públicos como en centros privados concertados, los conciertos, los itinerarios, la regulación del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria y el de Bachiller, la promoción de los alumnos, las enseñanzas del idioma y las ayudas y premios".

La solución de todas estas controversias está condicionada, según Administraciones Públicas, al alcance de la modificación de la LOCE y de sus normas de desarrollo, que debería ser consensuada entre el Estado y las comunidades autónomas.

- Ley Universitaria. Las autonomías presentaron siete recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Orgánica de Universidades que afectan "al sistema de creación y reconocimiento de universidades por ley de las Cortes Generales, a los procedimientos para la admisión de estudiantes en las universidades, a los estudios de doctorado, a la habilitación nacional o a la excepción de la Ley de reconocimiento a las universidades establecidas o que se establezcan en España por la Iglesia católica con posterioridad al acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales".

No es el único conflicto en esta materia pues la Administración central mantiene un recurso contra la Ley de Universidades de Cataluña al entender que determinados aspectos de la misma resultan contrarios al régimen de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades.

El ministerio de Administraciones Públicas considera que la solución a todos estos conflictos "estará condicionada al alcance de la modificación de la Ley Orgánica de Universidades".