El Gobierno estudia una reforma legal para el control de mezquitas e imames

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra portavoz, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer una reforma para el control de mezquitas e imames, con la colaboración de las comunidades musulmanas arraigadas en España. Apuntó como modelo de referencia a Francia y adelantó que la reforma afectaría a la normativa de inscripción de las confesiones religiosas para reforzar su seguridad, pues actualmente el Registro de Confesiones Religiosas es meramente descriptivo de la naturaleza de la asociación que se inscribe. Dicho registro está regulado por la Ley de Libertad Religiosa.

La vicepresidenta primera adelantó ayer la voluntad del Gobierno de pactar con todos los grupos parlamentarios una reforma de características muy similares a las de otros países europeos. La reforma, según precisó Fernández de la Vega, se hará con el "máximo consenso de los grupos, respetando la libertad religiosa y la seguridad ciudadana". Fuentes de Justicia precisaron que "la inmensa mayoría de los servicios religiosos musulmanes en España se adaptan a la ley, pero desde la propia comunidad denuncian la existencia de minorías que ensalzan la violencia. Y la Constitución dice claramente que la libertad religiosa está limitada por el orden público".

La reforma podría afectar a la Ley de Libertad Religiosa, vigente desde 1980, que regula la inscripción de las confesiones religiosas. Actualmente, el Registro de Confesiones Religiosas es voluntario y al no ofrecer ningún tipo de incentivo la mayoría no se inscribe. Justicia tiene registradas 235 comunidades musulmanas.

El Gobierno, además de la posible modificación legal, se ha fijado como objetivo prioritario aumentar las prestaciones del Estado a las mezquitas para moderar a los imames. Además, reforzará la cooperación con las comunidades musulmanas, así como los servicios de inteligencia en los puntos de riesgo.

El modelo de referencia de este plan del Gobierno es Francia por su proximidad cultural y por su experiencia dilatada de integración de la comunidad musulmana, aunque también recogerá aportaciones de las experiencias de Alemania, Bélgica y Holanda.

Actualmente rige con la comunidad musulmana en España un convenio que data de 1996 y que ha sido desbordado por el auge de la inmigración, que ha traído consigo prácticas de culto en pequeñas comunidades incontroladas, financiadas mayoritariamente por Arabia Saudí y Marruecos.

La vicepresidenta apuntó ayer la conveniencia de buscar fórmulas de financiación que permitan el control de las prácticas incontroladas, pues en 1996, cuando se firmó el convenio, la presencia musulmana en España era mucho menor y su necesidad de financiación también.