El privilegio ejecutivo de los asesores del presidente

La Casa Blanca no cambió de opinión sobre la comparecencia de Condoleezza Rice hasta que un grupo considerable de expertos legales y políticos argumentaron con el peso de la historia la debilidad de las justificaciones constitucionales empleadas para defender esa negativa. Basta repasar la lista de "invitados" en comisiones de investigación de las dos o tres últimas décadas para encontrar sobradas excepciones a una regla que ni siquiera es obligatoria.

El derecho constitucional establece la obligación de comparecer ante comisiones legislativas para los cargos públicos cuyo nombramiento haya contado con la confirmación del Senado. Es el caso de los secretarios de Estado y Defensa, Colin Powell y Donald Rumsfeld, respectivamente, que comparecieron bajo juramento la semana pasada. En cambio, los consejeros personales del presidente (que no están sometidos a la aprobación del Senado porque son de designación directa) están amparados por las prerrogativas del "privilegio ejecutivo", una especie de inmunidad redactada para proteger la confidencialidad de conversaciones entre el presidente y sus consejeros.

En nombre del privilegio ejecutivo se ha justificado el secretismo de muchos contactos y conversaciones que podían perjudicar a varios presidentes. Es, por ejemplo, el mismo argumento que emplea el vicepresidente, Dick Cheney, para negarse a facilitar no sólo la transcripción de los contactos, sino incluso el nombre de las personas con las que se reunió para diseñar la política energética del Gobierno. El contenido de las reuniones puede tener ramificaciones hacia los polémicos contratos con la empresa Halliburton en Irak, que él mismo presidía. Los encuentros se celebraron en mayo de 2001.

Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha aceptado dictaminar quién tiene razón en este debate jurídico, aunque Cheney cuenta con ventaja. Por un lado, es el mismo tribunal que le permitió ser vicepresidente al parar el recuento de votos en Florida; por otro, Cheney ha hecho excursiones de caza con uno de los jueces del Supremo, algo que a la mayoría de los juristas les parece escandaloso. El juez, Antonin Scalia, se niega a recusarse en el caso.

Existe la posibilidad de que un consejero presidencial se acoja al privilegio ejecutivo para negarse a testificar. Lo que no existe es la obligación a negarse a hacerlo. Es una decisión voluntaria. Rice se negaba en defensa de la separación de poderes, "aunque nada me gustaría más que poder testificar", decía en las entrevistas, lo que daba a entender que no podía hacerlo.

Existen múltiples precedentes que justifican lo contrario. Sandy Berger, consejero de Bill Clinton, compareció en 1997 ante una comisión que investigaba la financiación de los demócratas. Zbigniew Brzezinski, consejero de Jimmy Carter, también compareció en 1980 acerca de los negocios de un hermano del presidente con Libia. Y varios asistentes y consejeros de Richard Nixon ayudaron a desentramar -bajo juramento- los entresijos del caso Watergate.